En un pronunciamiento, esa coalición denunció “la disolución masiva de 1.500 oenegés por parte del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que pone a Nicaragua en puertas de una crisis humanitaria sin precedentes”.
Esa Coalición, conformada por 23 organizaciones defensoras de derechos humanos, agremiaciones de periodistas independientes, grupos de víctimas, movimientos sociales y familias afectadas por la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, observó que hasta el lunes las autoridades habían cancelado 3.663 ONG, por lo que ahora suman casi 5.200 los organismos ilegalizados.
TERRORISMO DE ESTADO. A juicio de ese grupo de organismos, en Nicaragua el espacio cívico está “altamente restringido con una represión continua de libertades en un clima de intimidación y vigilancia”, las que calificó como “prácticas propias del terrorismo de Estado”.
“Recordamos que el régimen de Ortega-Murillo gobierna un Estado policial con la implementación de leyes represivas para silenciar cualquier forma de disidencia”, señaló esa coalición, que advirtió que “el impacto en las poblaciones vulnerables es incalculable” y sumergirá “al país en la peor crisis de su historia”. El lunes, el Gobierno de Nicaragua canceló la personería jurídica a 1.500 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, entre ellas organizaciones católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados, y ordenó traspasar sus bienes al Estado. EFE
