Presuntos casos de corrupción atribuidos al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes y sus hijos, continúan saltando a diario en distintos ámbitos.
Esto se está dando luego de que cobró estado público un contrato que su hijo Amílcar, firmó un contrato USD 368.000 para buscar una “salida jurídica” que evite la extradición de Kassem Mohamad Hijazi –vinculado al terrorismo internacional– a Estados Unidos.
La denuncia que plantea la existencia de un esquema de fraude en torno a la quiebra de bancos a mediados de los 90, con el objeto de hacerse con propiedades costosas a precios de ganga, fue hecha en abril pasado por el abogado Manuel Radice.
Pide investigar irregularidades que se produjeron en torno a la quiebra de entidades bancarias, a partir del revés que tuvo con un cliente suyo que fue víctima del “esquema de poder”.
Relata que su defendido Arístides González Arréllaga, “fue despojado con maniobras dolosas de un inmueble de su propiedad, construida con gran sacrificio en el Barrio Herrera de Asunción”.
Menciona que la vivienda fue a parar a manos del quebrado Banco Paraguayo Oriental producto de un remate al señor Miguel Kemper, su amigo de confianza, a quien había transferido el inmueble para tener una línea de crédito cuando el citado estaba en Bancopar, que luego quebró.
Es decir, Kemper se vio en apuros e hipotecó la casa de su amigo al Banco Oriental que se adjudicó la vivienda valuada en USD 3.000.000. El ente hizo luego un juicio de reivindicación para sacar a González de su vivienda.
Agrega que luego de la quiebra de este banco, la casa fue vendida a “Importadora Roma SA”. El abogado dice que tuvo “conocimientos de aprietes que se realizaron para apoderarse de la propiedad por una suma ínfima, valor al que nunca le aceptaron comprar a su verdadero dueño, mi cliente”.
Menciona que conforme a datos de la Sindicatura General de Quiebras, Importadora Roma, representada por Wildo Rojas Azuaga, se adjudicó el inmueble por G.1.1 00.000.000, es decir, menos del 10% de su valor real.
FRETES. El denunciante comentó a ÚH que el vínculo del clan Fretes en torno a esta propiedad, surge a partir de cómo se concretó la venta por una suma mínima la vivienda de su cliente.
Indicó que hace un tiempo es utilizada como “centro de eventos La Romanita” y aparece como administrador José Chechito López hoy candidato a diputado por el movimiento Honor Colorado.
“Chechito López es socio y deudor de Asdrúbal Fretes, hijo del ministro Antonio Fretes. Son amigos”, enfatizó. Subrayó que la nombrada importadora que es la que “adquirió” la mansión, se dedica a vender lubricante para vehículos.
Puntualizó que otro punto central que muestra la intervención del clan Fretes, es que el ministro empezó a perseguirlo desde el 2014 cuando perdió el juicio de González y pidió cobrar sus honorarios, con base en la ley 1366/88, según el valor de tasación del inmueble.
Radice sostiene que su pedido iba a hacer saltar el valor real de la mansión y, por ende, es prueba documental de maniobras dolosas.
Lujosa mansión
La mansión que fue rematada a precio muy por debajo de su valor se encuentra sobre la calle Denis Roa, del barrio Herrera. Está unida por cinco fincas que conforman un total de 2.021 metros cuadrados. Cuenta con gran área social, quincho, cancha de tenis, bodega, sauna, cochera cerrada para seis vehículos, área de servicio para empleadas domésticas y departamento de huéspedes. El valor fiscal descripto en su momento fue de 4.424 millones de guaraníes, pero fue rematada en G. 1.100 millones a favor de la Importadora Roma que tiene sede en San Lorenzo.
Fiscala dice que “no hay méritos para una investigación”
La fiscala adjunta del Área Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, María Soledad Machuca Vidal, resolvió en julio pasado que la denuncia presentada por el abogado Manuel Radice y su cliente Arístides González “no existen méritos para la intervención especializada”.
En nota enviada a los denunciantes, señala que las informaciones aportadas no permiten inferir la posibilidad de un evento que represente los presupuestos de un perjuicio patrimonial indebido, en tanto que se torna imposible proseguir con la construcción de un hecho punible, porque no existen evidencias o indicios de su existencia”.
“De última, en caso de que posteriormente se aporte más elementos que permita construir de algún modo la existencia de un hecho punible, no existen méritos para suponer que el perjudicado sería el Estado paraguayo, lo que definitivamente excluye la denuncia de la competencia de la Unidad Especializada de Delitos Anticorrupción”, subraya.
Agrega que ante este escenario “no es posible adecuar lo informado a alguna calificación jurídica contemplada en la legislación vigente”.
Afirma que la Fiscalía adjunta “no encuentra elementos suficientes para la apertura de una pesquisa en sede del Ministerio Público por no existir mérito para el inicio de una investigación fiscal, de conformidad con el artículo 18 y 285 del Código Procesal Penal, por lo que cumplo en devolver los antecedentes de su denuncia”. Por su parte, Radice sostiene que al ser el Estado el acreedor preferencial en las quiebras de los bancos, es objeto de daño patrimonial con la venta de inmuebles de las quiebras a menor precio.
