Opinión

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Estela Ruiz Díaz En TW: Estelaruizdiaz

Un intendente que atropella la barrera militar para cruzar al Brasil y retornar al país sin hacer la cuarentena obligatoria. Un gobernador que organiza una fiesta de cumpleaños en la sede departamental, seccionaleros que viajan cientos de kilómetros para denunciar a un intendente adversario, una reunión para elegir a la Miss Curuguaty bajo la batuta de la esposa del intendente de la ciudad. No, no son fake news, noticias falsas o cómicas para alegrar la larga cuarentena. Son hechos reales protagonizados por autoridades.

Estos acontecimientos se sumaron a las denuncias y sospechas de corrupción en las millonarias compras de insumos para fortalecer la salud pública, en el contexto de la pandemia del coronavirus que abrió una canilla de millones de dólares.

No son hechos nuevos atendiendo el comportamiento habitual de las autoridades. Tampoco sorprenden las denuncias de corrupción. La prepotencia del poder, la ignorancia y el manoteo de los fondos públicos son noticia corriente en un país sumido en la corrupción gracias a la impunidad judicial y una élite mediocre y corrupta.

Sin embargo, el curso que tomaron los acontecimientos revelan un cambio de la sociedad del que parecen no tomar nota los que dirigen este país, ya sea del Congreso, el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo.

El poder ciudadano crece cada vez más a través de las redes sociales, exige y es menos tolerante con los atropellos de las autoridades.

DESOBEDIENTES. La actitud avasalladora del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, hubiese quedado en el anecdotario de las prepotencias impunes si no había presión social. Salió del país atropellando la barrera en la frontera y volvió a ingresar sin ninguna traba. Hasta tuvo el dictamen favorable de un médico de la zona que lo benefició con la cuarentena obligatoria en su casa, pero la indignación social obligó al Centro de Coordinación Institucional a llevarlo a un cuartel para cumplir con el aislamiento de 14 días establecido para toda persona que ingrese al país. El caso le costó el cargo al general Leonardo Ibarrola, cuya cabeza rodó para salvar la de otros.

La situación del gobernador de Central, Hugo Javier González, no tuvo el tono prepotente de Acevedo. Pero fue protagonista de una irresponsable fiesta de cumpleaños en la misma sede de la Gobernación, violando las disposiciones de la cuarentena de aislamiento social.

Una autoridad municipal y otra regional, que no pueden desconocer los protocolos en tiempos vida o muerte, violaron las leyes y hoy están imputadas por romper las reglas de la cuarentena por asuntos baladíes, nada comparables con muchos ciudadanos comunes que fueron imputados porque tuvieron que salir a trabajar para comer.

Lo de Miss Curuguaty es para el libro Guinness de las torpezas. Fueron imputadas 13 personas, entre ellas la asistente fiscal Otilia Rodas, esposa del intendente Nelson Martínez. Es difícil encontrar una explicación sensata sobre el evento. ¿Qué urgencia hay en elegir a la señorita que represente a la ciudad en tiempos en que el mundo llora la muerte de miles por culpa de un virus, al que se combate justamente con distanciamiento social?

En todas estas historias se entrecruzan prepotencia, soberbia, ignorancia, indolencia, irresponsabilidad que no deben tener la más mínima indulgencia. Que hubiesen pasado desapercibidos si no estallaba la indignación social.

CORRUPCIÓN. Una situación similar se vive con las denuncias de corrupción con la compra de insumos para combatir la pandemia. El Gobierno endeudó al país por 1.600 millones de dólares y la gente está cada vez menos dispuesta a pagar altos y eternos intereses por la corrupción.

El sistema de compras del Estado está hecho para alimentar el monstruo de la corrupción donde políticos, burócratas y grandes proveedores del Estado trabajan en perfecta sintonía para sus obscenas ganancias.

El presidente Mario Abdo Benítez no está tomando la delantera para combatir el flagelo. Actúa tras los hechos consumados, cuando el escándalo ha explotado y no tiene otra opción. No existe una bajada clara de línea para evitar la mínima sospecha. No hay dispositivos éticos que tracen la línea. Aparentemente la preocupación es que “no se descubra”, y si ocurre, saltan los fusibles para evitar que el daño colateral impacte en el presidente. ¿Serán suficientes las destituciones o renuncias si surgen otros hechos más escandalosos?

El poder político es el más cerrado a la hora de entender y responder a los reclamos de una sociedad cada vez más demandante. La gente no solamente está harta de la corrupción. La indignación será cada vez más profunda por la situación misma que genera la pandemia: La cuarentena no solo es aislamiento social con sus consecuentes efectos en la salud mental. Los efectos económicos son devastadores: Está aniquilando lentamente a la clase media y condena a los pobres a ser más pobres. Y esto es caldo de cultivo para un estallido social.

La clase dirigente no entiende los mensajes porque vive en la burbuja blindada de la impunidad.

Pero la sociedad ya no está de humor para vergonzosos privilegios ni para licitaciones amañadas, sobrefacturaciones y repartijas de la torta entre viejos amigos.

Los pequeños actos de castigo que se vieron estos días con el intendente, el gobernador, las “renuncias” en Dinac, Petropar y Salud, no son decisiones soberanas de las instituciones. No es que la Fiscalía repentinamente decidió hacer su oficio o el presidente resolvió castigar a los que metieron la mano en la lata.

Es el resultado de la presión ciudadana y mediática que los obligó a hacer la tarea, que está alerta y ya no está dispuesta a aceptar la versión edulcorada de los viejos y nuevos lobos.

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“Mienten cuando dicen que Paraguay tiene un Estado grande y cuando quieren convencer que un aumento de la eficiencia pública es suficiente. Detrás de ese discurso hay una oposición a la conformación de un pacto social que beneficie a todos. Solo quieren un Estado mientras le beneficia a ellos. ¿Por qué no se quejan cuando nos endeudamos para puertos y rutas en zonas sojeras? ¿Por qué no quieren reducir gastos en publicidad? ¿Por qué solo se quejan de la ineficiencia en salarios públicos y no de los sobrecostos en las construcciones del MOPC o en las compras de medicamentos de IPS?”.
(Verónica Serafini, economista)

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