Tres situaciones sobre las que recientemente este diario publicó plasman con cierta precisión la realidad de la Justicia en el Paraguay. Uno de ellos es el caso de una ciudadana que hace 17 años espera a que le levanten la hipoteca de su vivienda.
La misma había realizado un préstamo hipotecario con el Banco Paraguayo Oriental, y cuando este fue a la quiebra, el Banco Ahorros Paraguayos absorbió la cartera de créditos. Pese a haber cancelado su obligación no ha logrado que se le levante la hipoteca de la casa por lo que desde hace 17 años está luchando por ello.
A diferencia del calvario de esta ciudadana, cinco delincuentes podrían beneficiarse con la mora judicial cuando sus causas se extingan.
La Sala Penal de la Corte debe definir si un Tribunal de Sentencia ordinario o el Tribunal de Especializado de Crimen Organizado debe enjuiciar a cinco acusados por presunto narcotráfico. Se trata del caso en el que están acusados Juan Carlos Acosta, supuesto jefe narco; José Antonio Villalba Zarza, Demetrio Ramón Cabrera, Derlis Ramón Samudio y Cristhian René Villalba Zárate, detenidos en junio del 2019. Ellos fueron arrestados en un operativo en Azotey, San Pedro, en dos camiones refrigerados que contenían 980 kilos de marihuana prensada. El plazo para la extinción del proceso corre, ya que no hubo recusaciones o apelaciones, sino que el expediente se encontraba en el Tribunal de Sentencia. El juicio oral hasta ahora no se realiza y el caso podría extinguirse el próximo junio.
El tercer caso tiene de protagonista a la misma Corte Suprema de Justicia. Recientemente, la Sala Constitucional rechazó una acción de inconstitucionalidad planteada hace 16 años, por la entonces presidenta de la Corte, Alicia Pucheta de Correa, en representación del colegiado. En el mes de febrero del 2007, Pucheta de Correa accionó contra el artículo 44 del Decreto 8885/07 que reglamenta la Ley 3148/06, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2007. El asunto tardó más de una década en resolverse.
Resulta frustrante tener que admitir que en el Paraguay la impunidad ya ha alcanzado niveles de gran refinamiento. Lamentablemente la lentitud en la justicia y la excesiva burocracia han sido configuradas para perjudicar considerablemente al ciudadano común, y al mismo tiempo para el beneficio de algunos conocidos casos de corrupción pública, o como el caso mencionado antes, a delincuentes.
Al respecto, a fines del año pasado, referentes de la sociedad civil acompañados por miembros de la Coordinadora de Abogados del Paraguay llamaron la atención sobre la “alarmante” falta de una política institucional para erradicar la impunidad. El escrito señalaba que más de 37 casos corren el peligro de quedar para siempre en el olvido, y sin justicia. Algunos involucran procesos a ex ministros, ex titulares de entes, ex magistrados, ex intendentes y hasta parlamentarios. Los casos, según el resumen, significan el desfalco aproximado de más de 9 billones de guaraníes (más de USD 1.300 millones) a las arcas del Estado.
No podemos seguir tolerando en el país una justicia complaciente, pues la misma atenta contra el sistema democrático. Necesitamos una Ley Antichicanas, lo cual sería posible, si el proyecto para la misma no aguardara desde hace 4 años en la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores, sin ser tratado por los legisladores.
El Paraguay necesita una justicia que deje de ser cómplice de la impunidad.
Urge por lo tanto una saludable renovación en la Justicia para que ella deje de ser parcialista y deje de promover injusticias e impunidad.