En la Dirección de Asesoría Jurídica de la Comuna capitalina, cuyo titular es Benito Torres Aceval, reemplazante de Juan Carlos Ramírez Montalbetti, un equipo de abogados maneja cada uno de los juicios que involucran a la institución municipal, con vistas a revertir posibles resultados que signifiquen un descalabro económico, tal vez difícil de sobrellevar.
DETALLES. Uno de los casos que estarían a punto de ser resueltos en un tribunal arbitral es el que se refiere al malogrado servicio de estacionamiento tarifado, el cual a partir de la rescisión de contrato con el Consorcio Parxin derivó en una demanda contra la institución municipal.
El abogado Juan José Armoa, quien tiene a su cargo este expediente, explicó que hubo incumplimiento por parte de esa empresa, que tenía cinco días de plazo a partir de la firma de contrato para adjuntar la póliza de seguros pero solo lo hizo un mes después.
El profesional apuntó que existen indicios suficientes que hablan de vicios en el proceso de licitación y que si bien los fallos en un laudo arbitral son inapelables, existe la posibilidad de recurrir por nulidad en caso de que la sentencia sea dictada con irregularidades, lo cual se analizará con los demás asesores jurídicos.
Mencionó que en lo que respecta a IPS están litigando para el cobro del impuesto inmobiliario, ya que afirman que no todos los inmuebles de la previsional prestan servicio público o social pero sí generan ingresos al ser alquilados, por lo que no corresponde que estén exonerados del pago de este tributo.
Por su parte, el abogado Diego Agüero, quien lleva el caso de Empo y Asociados, señaló que esta firma incurrió en incumplimientos en el contrato, además se tiene que no cuenta aún con otro sitio para la disposición final de residuos, que ya lo debería haber tenido al año de haberse dado la concesión.
Otra demanda de gran importancia para el Municipio es la que mantiene con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) por la posesión de las islas Sebastián Gaboto y Juan de Salazar, en aguas limítrofes con la República Argentina. El abogado Óscar Pérez Borja dijo que si bien la referida institución alega ser propietaria de las mismas, en ellas se encuentra instalada de manera irregular la empresa privada Vismar SA.
Pedimos que se rescinda con Empo y que abandone Cateura, que ya se encuentra colapsada. Diego Agüero, abogado.
El Consorcio Parxin presentó de manera extemporánea la póliza de seguro. Y eso es causal de rescisión. Juan José Armoa, abogado.
6 millones de dólares reclama la Comuna a Parxin por el canon que dejó de percibir por estacionamiento.
200 juicios/año por obras irregulares y aceras ocupadas
El equipo jurídico de la Comuna asuncena debe enfrentar otros juicios que se refieren a la construcción de edificaciones irregulares y ocupación de veredas, donde los contribuyentes exigen una solución.
El abogado Juan Carlos González informó que en promedio se tienen cada año unas 200 demandas en estos conceptos, además de otras medidas de urgencia y recursos de amparo que se van presentando.
“En este tipo de expedientes también se incluye el tema de las gigantografías o cartelería. Construcciones que entran de manera irregular al sector destinado a veredas. El trabajo es considerable y tratamos de dar respuesta a todas las partes”, sostuvo el profesional.
Expresó además que “en lo que respecta a juicios en los que están en juego millones de guaraníes que van a significar un desangre millonario para la Municipalidad de Asunción, si es que llegan a ser ejecutados, vamos a jugar a ganar. No queremos que nos entre ningún gol en ese sentido y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para revertir cada situación que ponga en peligro el patrimonio municipal”.