Aquí, en otro hemisferio, a dos mil años de distancia temporal y a días de nuestro propio solsticio invernal, hemos sido testigos de iniciativas de diversos sectores que inducen a pensar que nos hemos contagiado con algo del espíritu de la época romana.
Recientes intervenciones de organismos de control han evidenciado la creciente infiltración en nuestras instituciones de dinero, proveniente de actividades ilícitas, como el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero. Con un crítico informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en puertas, no se les ocurre mejor idea a nuestros legisladores que aprobar un proyecto de ley que despenaliza la falsedad en sus declaraciones juradas.
La legislación vigente castiga las declaraciones juradas falsas y obliga a la Contraloría a denunciar al Ministerio Público los casos en los cuales ocurra un incremento no razonable del patrimonio de un servidor público. Este es un vital instrumento para identificar a funcionarios públicos con posibles vínculos al mundo criminal, y para combatir la impunidad y la corrupción.
La reacción negativa de la ciudadanía —expresada en redes sociales— y de un amplio espectro de gremios e instituciones de la sociedad civil, evidencia el rechazo generalizado a la propuesta del legislativo, que ha también recibido el veto parcial del Poder Ejecutivo.
Otra propuesta muy poco acertada es la de la Asociación de Bancos del Paraguay y la Asociación de Bancos y Financieras del Paraguay para cobrar tarifas sobre las transferencias bancarias utilizando la plataforma gratuita Sipap, desarrollada por el Banco Central. Ministros y ex ministros del Poder Ejecutivo, el presidente y ex presidentes del Banco Central, gremios de la producción y la ciudadanía han expresado su airado rechazo a esta idea, que va tan a contramano del objetivo nacional de inclusión financiera y formalización de la economía en todos sus niveles socioeconómicos.
Lo más llamativo de esta cuestionada iniciativa de los bancos y financieras es que son empresas que gastan fortunas en márketing, investigaciones de mercado y consultores de comunicación. ¿Cómo puede ser que no se hayan percatado y no hayan calibrado correctamente la intensidad de la oposición a la propuesta y el impacto negativo que tendría en la imagen del sector?
Completando este trío de planteamientos insensatos está el proyecto de ley que condena a muerte civil a los jóvenes objetores de conciencia del servicio militar. Sin entrar a considerar las impugnaciones jurídicas al proyecto, ya expresadas por reconocidos expertos constitucionalistas, desafía a la imaginación comprender la lógica de los legisladores de proponer esta antipática medida a meses de las internas y elecciones generales, para las cuales no escatimarán esfuerzo ni gastos para lograr el voto de los jóvenes afectados y sus familias.
La única explicación razonable de tantos garrafales traspiés cometidos por entes que debieran tener mejor juicio es que la rémora de las saturnalias romanas sigue teniendo su influencia a tantos siglos de distancia. Esperemos que pasado el solsticio invernal recuperen la cordura, y entretanto aprovechemos nuestro festival de Saturno para libar generosamente en su honor y pedirle al dios que sonría con una abundante cosecha a los sacrificados agricultores y productores que tanto han sufrido por las inclemencias climáticas de los últimos años.