Los datos incluyen a funcionarios de las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y el Ministerio Público.
No se tuvo en cuenta a los funcionarios de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, por considerarse fuera del Presupuesto General de la Nación, ya que, según Hacienda, los mismos están regidos por los tratados internacionales, argumento que sin embargo es muy discutido por varios juristas.
El Estado tiene alrededor de 300.000 funcionarios. El ministro de Hacienda, Benigno López, destacó que si se cortaran los gastos superfluos se ahorrarían anualmente USD 10 millones. Si se cortan los salarios, el impacto será de USD 167.000; USD 395.000 en seguro médico de autoridades; USD 123.000 en cátering; USD 227.000 en arreglos florales; USD 1.120.000 en publicidad, USD 2.600.000 en viajes y USD 5.600.000 en los incentivos para la recaudación que implica el pago de multas, entre otros rubros.
En su sesión del martes, los miembros de la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto de ley que recorta los privilegios de los funcionarios y fija un tope salarial, estableciendo que ningún funcionario público debe ganar más que el presidente de la República, cuya asignación mensual es de 37 millones, pero decidieron no incluir en esta reforma a las binacionales Itaipú y Yacyretá, donde existen casos de directivos y funcionarios que obtienen ingresos mensuales por encima de los 100 millones de guaraníes.
El argumento es que, al ser de carácter binacional, dependen de tratados internacionales, pero este es un tema que debe ser revisado, ya que precisamente los de Itaipú y Yacyretá son los puestos más codiciados por los políticos y sus amigos.
El informe del Ministerio de Hacienda revela en qué medida el Estado paraguayo ha sido siempre considerado un botín a ser asaltado y repartido entre autoridades políticas, correligionarios, familiares y amigos.
En su mayor parte, los altos salarios no responden a la capacidad o a la solvencia técnica o profesional de quienes los detentan, sino al pago de favores políticos o de concesiones irregulares desde el poder.
En nuestro país, el caso más patente y constantemente cuestionado es el de los famosos “consejeros” de las entidades binacionales, que ganan millones sin tener un aporte visible para la función de las empresas hidroeléctricas.
Es necesario transformar esta situación, acabar con los escandalosos privilegios e institucionalizar la función pública con criterios de funcionalidad, capacidad y oportunidad de concursar democráticamente a los cargos estrictamente necesarios.
