“Este Departamento informa que no ha registrado ninguna donación”, dice el Memorándum DP 39/2015 que lleva la firma de Ruth Insfrán Spaini, jefa de Patrimonio de la Defensoría del Pueblo.
El pasado 16 de octubre, el defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, quien tiene el mandato vencido desde el año 2008, remitió una nota al titular del Congreso Nacional, senador Mario Abdo Benítez, en la que “abrió el paraguas” al enterarse de que nuestro diario se encontraba investigando un engorroso procedimiento utilizado para la adquisición de equipos informáticos.
“Muchas donaciones hemos recibido. Recientemente varios funcionarios y funcionarias adquirieron las computadoras que necesitaban de su propio dinero”, dice parte de esa misiva.
Última Hora reveló, en una serie de publicaciones, el manejo discrecional de los recursos en la institución.
En los meses de julio y agosto, el defensor del Pueblo destinó casi 130 millones de guaraníes para el pago de gratificaciones a unos 40 funcionarios.
Las gratificaciones iban desde G. 1.500.000 hasta G. 4.900.000.
Se descubrió que los beneficios fueron concedidos a los funcionarios para que adquirieran equipos informáticos de un mismo local y luego, llamativamente, los “donaran” a la institución.
Todos los equipos informáticos fueron comprados de la firma Innova, cuyo propietario es Hugo Martín Rodas Pacheco, quien anteriormente ganó varias licitaciones de la Defensoría.
¿Negociado? Quien se encarga de las licitaciones es Maggi Fischer Cubilla, pero en esta ocasión no existió tal procedimiento, según ella misma nos confirmó.
“Como está publicado, así mismo fue. Yo no tuve nada que ver y no se hizo ningún procedimiento”, dijo la funcionaria en contacto telefónico.
“Fue directamente a través de la Dirección General de Administración y Finanzas”, añadió.
Desde la empresa confirmaron que si bien la negociación fue con la cabeza de la Defensoría del Pueblo, las facturas se emitieron a nombre de cada funcionario.
En la cuenta en Facebook de Innova, encontramos una publicación que data del pasado 29 de julio, en la que se hace referencia a los equipos informáticos para la Defensoría del Pueblo.