Una veintena de defensores públicos, encabezados por la doctora Noime Yore Ismael, se constituyó ayer ante la Corte Suprema de Justicia. Solicitaron la confirmación en sus cargos y dejar de lado las recomendaciones políticas.
Los principales afectados son Julia Cardozo, Bettina Ovando, Nancy Larré, María Eugenia Crichigno, Daniel Ávalos, Armando Almada, Nerea Romascka y Mariana Vázquez.
Los citados ya cumplieron los cinco años en sus funciones y ahora nuevamente figuran en una terna, de la que debe designar la Corte Suprema de Justicia.
“Creemos que los defensores afectados tienen suficiente trayectoria, experiencia y capacidad. Demostraron ser aptos para el desempeño de la labor que se les encomendó y por ello queremos que vuelvan a ser confirmados para los cargos al que fueron designados”, apuntó la doctora Noime Yore Ismael, titular de la Defensoría Pública.
Entre los postulantes figuran Celsa Medina de Aponte, esposa del escribano mayor de Gobierno; Silvia De Vargas, hija del ex senador Francisco José De Vargas y Carmelo Ruggilo, pariente del titular de Conatel.