Tras un meditado silencio de todos los presentes en la reunión, la fría y dura respuesta fue que no eran noticia y no llamaban mucho la atención del público.
Pero, en la argumentación posterior, para no dejar a la defensora general con esa escueta explicación, se le dijo que, en realidad, siempre es más fácil identificarse con las víctimas y no con los victimarios.
Y es que, justamente, los defensores públicos defienden a “los malos”, los desposeídos, los despreciados, los sin voz. Es que en nuestro país, la presunción de inocencia es solo letra muerta en la Ley Suprema, ya que la mayoría no la aplica, salvo que se trate de ellos, o de algún familiar o conocido.
Según los números, la Defensa Pública asistió hasta diciembre del año pasado a 8.146 presos, donde 2.686 son condenados y 5.460 tenían prisión preventiva. De ellos, 7.880 son personas adultas, 247 adolescentes y 19 adultos mayores.
Hay que recordar que en nuestras prisiones hay más de 15.000 presos, con lo que estos números representan a más de la mitad de los recluidos. En seis meses, los defensores lograron la libertad de 1.760 personas, aunque igual los penales están llenos.
Según Segovia, se hará un recuento de la otra mitad de internos para saber si tienen o no defensor, ya que no cuentan esos datos y probablemente ni siquiera tengan un abogado, con lo que sus números podrían aumentar.
El total de asistidos en los fueros Penal, Penal Adolescente y Ejecución Penal es de 34.164 personas. Y eso que no cito a los otros fueros, como el Civil, la Niñez, lo Laboral y lo Contencioso Administrativo.
Estos números también reflejan algo preocupante. En un país donde hay más de 55.000 abogados matriculados, más de la mitad de los presos en las cárceles son asistidos por los defensores de oficio.
Es que el principal objetivo de la institución es la representación ante los estrados judiciales de las personas que no tienen medios económicos para pagar un abogado privado.
Es decir –y con esto no descubro la pólvora–, la mayoría de los presos son de escasos recursos, que no tienen para pagar un abogado privado y el Estado les provee uno.
Y ahora otro punto interesante que se suma al análisis es que la Defensa Pública se encarga también de representar al niño y a los adolescentes. Dicen que existen 1.100 que están institucionalizados. En otras palabras, se encuentran en casas de abrigo (antes llamados orfanatos).
Según la ley, los niños deben estar un máximo de 6 meses en ellos, pero el promedio es de 4 años. Incluso, citó el caso de uno que estuvo nada menos que 11 años allí, y al cumplir la mayoría de edad fue prácticamente “desalojado”. Lo triste es que poco después ya estaba procesado por un delito. Es que no tenía los medios para defenderse.
La preocupación que tienen es la falta de presupuesto, porque a estos niños hay que hallarles una familia, debido que, al no tener vínculos, caen en la delincuencia. Lastimosamente, el dinero no alcanza.
Lo que se nota también es que la labor que tienen a diario les vincula con el origen de todos los males sociales, la pobreza extrema que lleva a la gente a la delincuencia, la falta de educación que les permita salir de eso y la carencia de una familia.
Hay que decir que ahora se nota un poco más en las redes sociales lo que hace la Defensoría, pero aún no les alcanza para que los medios se ocupen de la institución.
Pero esto no es lo peor, el Estado es el que le debe notar su trabajo, para darle un presupuesto para afrontar su dura tarea. Es que ellos practican la abogacía en su esencia más pura y noble que es defender al más humilde.