Godoy explicó a Efe que el caso data de hace dos años e involucró a menores de entre 8 y 12 años de edad de la comunidad indígena Aché.
Hasta un asentamiento de esa etnia al parecer acudió a evangelizar el sujeto que permanece detenido.
El funcionario denunció que hasta ahora ha sido suspendida en siete ocasiones una audiencia oral y pública como parte del proceso que se sigue en Ciudad del Este, la capital de Alto Paraná.
La última vez fue el pasado 12 de mayo, cuando los peritos a cargo de la traducción oficial no acudieron al procedimiento. El defensor dijo a la prensa que los funcionarios alegaron no tener combustible.
Ello obligó a que no se realizara la diligencia “para evitar que el juicio sea nulo”, explicó a Efe Godoy.
El defensor, quien se trasladó hasta Ciudad del Este, denunció una presunta intención de “cansar” a las víctimas, que aseguró tienen “problemas económicos para ir y venir a las audiencias”.
En ese contexto, pidió el acompañamiento de las autoridades y que se trasladen a los tribunales, a fin de hacer un control de todos los procesos en los que la gente “no tiene voz”.
Sobre este caso, el ombudsman señaló que la idea es “culminar el proceso para que no se anule, para que no prescriba”.
Estimó que queda un año antes de que se cumpla el plazo de prescripción.
Además, llamó a que en el país se empiece a cumplir “con los pactos internacionales”.
El caso se conoció mientras la sociedad paraguaya está conmocionada, después de que una mujer denunció que su hijo de seis años fue presuntamente abusado al parecer por alumnos mayores en un colegio privado en Lambaré, ciudad vecina a Asunción.
