La petición fue hecha en un documento entregado este jueves al Supremo Tribunal Federal (STF) y en el que los abogados refuerzan la petición inicial que hicieron para que la máxima corte suspende la condena contra Lula y emita un mandato de soltura.
Los abogados afirmaron en su petición que, en caso de que la Corte rechace el recurso en que solicitan la liberación del ex jefe de Estado, por los menos le ofrezcan otras medidas cautelares, como la posibilidad de que cumpla la pena en prisión domiciliaria.
La petición fue hecha dos días después de que el presidente de la Segunda Sala del Supremo, el magistrado Ricardo Lewandowski, programara para el próximo martes la fecha del juicio en que la Corte analizará el nuevo recurso presentado por los abogados del ex mandatario, encarcelado desde el 7 de abril para cumplir su condena por corrupción pasiva y lavado de dinero.
En caso de que tres de los cinco magistrados que integran la Segunda Sala del Supremo acepten el pedido, el ex jefe de Estado, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y aún pretende presentarse a las elecciones de octubre, podría responder en libertad hasta agotar todas las apelaciones en las distintas instancias judiciales.
Lula fue condenado el año pasado a nueve años y seis meses de prisión por un juez de primera instancia, que le halló de culpable de beneficiarse de las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras, pero esa pena fue ratificada y ampliada hasta los 12 años y un mes por un tribunal de apelación.
El mismo tribunal determinó su ingreso inmediato en prisión una vez que se habían agotado todos los recursos posibles en segunda instancia, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema.
En el nuevo recurso en el que piden que Lula pueda esperar en libertad a que los tribunales superiores se pronuncien definitivamente sobre su condena, la defensa alega que la decisión es urgente debido a que el ex mandatario aspira a disputar las elecciones presidenciales de octubre próximo y a que el encarcelamiento le priva de sus derechos políticos.
Desde su ingreso en prisión, el pasado 7 de abril, la defensa del antiguo dirigente sindical ha intentado sin éxito múltiples recursos en el Tribunal Superior de Justicia (STJ) y la Corte Suprema para sacarlo de la celda de la sede policial en la sureña ciudad de Curitiba en la que cumple la condena.
En mayo pasado, la misma Segunda Sala del Supremo rechazó en una sesión virtual un pedido similar de los defensores del ex jefe de Estado, que lidera todas las encuestas de intención de voto para las presidenciales de octubre.
Sin embargo, su candidatura está virtualmente anulada, pues la legislación brasileña impide que condenados en segunda instancia, como es su caso, puedan presentarse a cargos electivos.
