28 mar. 2024

Defender la vida requiere medidas económicas eficientes y eficaces

La epidemia del coronavirus obligó al Gobierno a implementar una serie de medidas tanto económicas como sanitarias para reducir sus efectos negativos. Los objetivos desde el ámbito económico son mejorar el sistema de salud, mitigar en parte el impacto que tendrá el aislamiento social, proteger el empleo y garantizar una recuperación medianamente rápida. El primer desafío debe ser, sin dudar, garantizar la vida de los paraguayos, pero el segundo es financiarlo racionalmente. Por ahora no se observa racionalidad, ya que solo se apeló a la deuda, sin considerar mayor eficiencia pública ni un mecanismo tributario más justo.

Entre las principales acciones económicas se encuentran garantizar un ingreso básico para la población más vulnerable, la exoneración de servicios públicos y la postergación del pago de algunas obligaciones como tributos y seguridad social, el apuntalamiento del sistema financiero para refinanciar la deuda, el aumento del financiamiento al Ministerio de Salud y la suspensión de las actividades económicas de manera a limitar el contagio.

Estas acciones son fundamentales, porque ayudan a los sectores más desprotegidos de la sociedad y de la economía. No obstante, queda bastante por hacer, sobre todo para garantizar una recuperación económica más rápida. En primer lugar, las mipymes deben ser apoyadas no solo desde el sector financiero-crediticio, sino también garantizar que no se pierdan los empleos formales.

En segundo lugar, el apoyo a la agricultura familiar resulta imprescindible para la recuperación económica de las familias rurales, a fin de mantener el nivel de los precios de los alimentos controlados en el sector urbano y, obviamente, para garantizarle el acceso a alimentos sanos a toda la población. En conjunto, estas acciones, bien realizadas y coordinadas, mantendrán los niveles de consumo al mínimo para un grupo relativamente importante de la población y junto con otros programas ya existentes, como Tekoporã y la pensión alimentaria para personas mayores, darán respiro a la suspensión de las actividades económicas, necesaria para lograr el “distanciamiento social” y la reducción del contagio masivo.

Aun cuando se tenga éxito en la reducción del contagio, habrá personas que requieran atención médica, por lo que el Gobierno realizará una fuerte inversión en salud. No hace falta argumentar la necesidad de mejorar el sistema de salud. Uno de los mayores déficits en el ámbito social es la escasa prioridad fiscal que se le ha dado.

El desafío más importante será cómo financiar estas medidas. El Gobierno consiguió aprobar un préstamo de 1.600 millones de dólares que, por ahora, en una mínima parte, tiene un destino más o menos claro, pero más de la mitad aún no se sabe a ciencia cierto cuál será su uso.

A pesar del clamor ciudadano, no hay una sola acción que refleje el esfuerzo gubernamental por mejorar la calidad del gasto. No se han tocado los exagerados privilegios con que cuentan los funcionarios de algunos organismos del Estado. No se han reducido los gastos en rubros destinados a financiar la política partidaria, como el subsidio a los partidos políticos, los vales de combustibles o los cargos de operadores políticos.

Tampoco se le ha pedido un mayor esfuerzo tributario a quienes se encuentran en mejores condiciones económicas y a quienes el crecimiento económico ha beneficiado durante 15 años.

El país debe enfrentar una pandemia con un sistema sanitario que nunca fue priorizado, a pesar de la importancia que tiene la salud para la vida y el trabajo de las personas. El mercado laboral altamente informalizado tampoco cuenta con los instrumentos para atenuar los efectos e impedir que los trabajadores mantengan un ingreso mínimo para no reducir su consumo por debajo de un estándar medianamente digno.

Llegó el coronavirus y nos encontró totalmente vulnerables, por lo que el Gobierno debe actuar de manera contundente defendiendo la vida y con responsabilidad en las finanzas públicas.

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