En términos de políticas públicas, es importante comprender la naturaleza del choque que estamos recibiendo como sociedad. Es el ataque de un virus altamente contagioso que, para combatirlo y minimizar la pérdida de vidas, es necesario quedarse en casa, por lo cual no podemos trabajar por un tiempo e impacta con alta intensidad a sectores comerciales y de servicios. Estos sectores tienen una elevada informalidad y prevalecen las micro y pequeñas empresas y profesionales independientes. La respuesta adecuada a un golpe económico de este tipo es minimizar gastos y priorizar lo básico, la alimentación, la salud y los servicios básicos. Esto es válido a nivel familiar y de empresa. Y el Estado es un medio para amortiguar el impacto económico en los segmentos más vulnerables que no disponen de ahorro para enfrentar estas calamidades.
Por otro lado, también es importante comprender el modelo económico con base en la cual funciona una empresa, independientemente de su tamaño. Una empresa contrata recursos, personas e insumos, produce un bien o un servicio a través de ellos que finalmente vende a sus clientes. Con el ingreso generado por la venta paga y remunera a los recursos que contrató para realizar la producción. Por lo tanto, si no puede producir o vender, no tiene ingresos y no puede tener recursos contratados. Para que la empresa pueda sobrevivir a la pandemia tiene que minimizar sus costos, mantenerse mínimamente operativa y tener la capacidad financiera suficiente para reiniciar sus operaciones después de la cuarentena. Si se endeuda para pagar salarios, sin poder producir, caerá en mora y probablemente en quiebra. Esto dificultaría enormemente la recuperación económica pospandemia.
Por estas razones, además de ampliar los recursos para la salud pública, la prioridad de la política pública es proveer apoyo y contención a los segmentos más vulnerables de la población. Por un lado, considerando la elevada informalidad, se previó el pago de un subsidio del 25% del salario mínimo por dos meses para 1.500.000 trabajadores informales. Por otro lado, ante la inexistencia de un seguro de desempleo y la imposibilidad de que las empresas puedan sostener a sus trabajadores sin producir, se previó un subsidio del 50% del salario mínimo para los trabajadores cotizantes del IPS con financiamiento del Tesoro. El Ministerio de Trabajo debe acelerar y facilitar los pedidos de suspensión de los contratos laborales para que esto funcione más efectivamente. Además, dada la extensión de la cuarentena será necesario un pago adicional que debe ser previsto por el Ministerio de Hacienda. Por último, para el segmento de pequeños empresarios y profesionales independientes cuyos ingresos cayeron drásticamente; donde coinciden empresa y familia y no disponen del ahorro suficiente, es muy importante la ampliación prevista del Fondo de Garantía de Mipymes para que accedan a préstamos en condiciones concesionales para sostener sus gastos familiares prioritarios y mantener mínimamente operativas sus empresas. Esta es la pata de apoyo que falta para que todos podamos aguantar la cuarentena.
La mayor parte de estas medidas de política pública están contenidas en la Ley de Emergencia vigente y el Estado tiene la solvencia suficiente para obtener los recursos financieros necesarios. Probablemente se requieran ajustes a la Ley del Fondo de Garantía para ampliar su capacidad y cobertura. Hagamos lo necesario y concentrémonos en adelante en un plan de salida ordenada de la cuarentena y en un programa de inversiones públicas que acelere la reactivación de la economía en los próximos meses.
