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Decepción ciudadana por la gestión económica del Gobierno
Se cierran los tres primeros tres años del Gobierno de Mario Abdo Benítez con pocas luces y muchas sombras. Fueron tres años duros para la población que ya venía sintiendo una retracción económica a la que se agregó el efecto negativo de la pandemia y los múltiples casos de corrupción sin acciones contundentes para limitarlos o penalizarlos. El presidente así como el resto de las autoridades del Poder Ejecutivo no tomaron medidas oportunas y radicales, al contrario, las señales emitidas reflejaron tolerancia y, en algunos casos, involucramiento en el robo al Estado. La ciudadanía esperaba mucho más, por lo que la profunda decepción se refleja en los bajos niveles de aceptación del Gobierno. El Gobierno actual tiene dos años todavía para mostrar interés en los cambios que requiere la ciudadanía, y la gente necesita un poco de esperanza.
Los malos resultados económicos acrecentados por políticas económicas de bajo impacto en las personas y los múltiples hechos de corrupción dieron como resultado una percepción profundamente negativa evidenciada en varias encuestas y en las redes sociales. A esta situación se agregan las consecuencias económicas negativas derivadas de la crisis sanitaria que derivaron en alto gasto de bolsillo y endeudamiento de los hogares.
El lado positivo lo dio el abordaje a los primeros meses de la pandemia con una fuerte inversión en medidas de mitigación de las consecuencias del cierre temporal de las actividades económicas. Sin embargo, esto no fue suficiente para contrarrestar la ausencia de un plan económico claro desde el inicio de la gestión.
En suma, el saldo ha sido negativo, por las pocas acciones positivas y la exasperante debilidad para tomar decisiones. Frente a la necesidad de reformas en la administración pública y de cambios estructurales en la economía, la política económica ha permanecido sin cambios relevantes. A eso se agrega la ausencia de medidas para combatir la corrupción económica, con impactos cada vez más altos debido a los grandes montos involucrados.
No se puede negar que las medidas tomadas al inicio de la pandemia fueron de gran relevancia para reducir los efectos negativos de la necesidad de la cuarentena frente a la llegada de un virus totalmente desconocido, pero con trágicas consecuencias en los países en los que se inició.
No obstante, el penoso caso de la negociación de la energía de Itaipú antes de la pandemia ya había sentado un precedente difícil de olvidar por parte de la ciudadanía, situación que se agravó por la indiferencia asumida por el Gobierno en los casos de corrupción durante toda la pandemia.
Tampoco se puede negar que la mala situación económica era anterior a la pandemia; de todos modos, el Gobierno sigue sin darse cuenta de que se requieren cambios estructurales y no continuar asumiendo la ficción de ser el país de menor caída del PIB.
A pesar del buen desempeño de este indicador, gran parte de la población enfrenta una crisis económica sin precedentes, que se agravará por los altos niveles de deuda que tuvo que asumir tanto por los efectos de la enfermedad como por la necesidad de pagar las cuentas y mantener los emprendimientos funcionando a pesar de la paralización económica.
El Gobierno actual tiene dos años todavía para mostrar interés en los cambios que requiere la ciudadanía. Si no tiene condiciones para implementar medidas, al menos debería proponer un camino de negociación que abra el camino a la próxima gestión gubernamental. La gente necesita un poco de esperanza y sentir el interés de sus autoridades por su bienestar. El dolor de la pandemia continúa, tanto por las pérdidas de los seres queridos como las económicas.
Un plan que ponga en el centro de la recuperación económica a las personas será un aliciente y dará un poco de luz a los próximos pasos que deberá dar el país, para no volver a la antigua normalidad que nos posicionó tan mal para enfrentar la pandemia.
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