19 abr. 2024

Decepción ciudadana por la gestión económica del Gobierno

Se cierran los tres primeros tres años del Gobierno de Mario Abdo Benítez con pocas luces y muchas sombras. Fueron tres años duros para la población que ya venía sintiendo una retracción económica a la que se agregó el efecto negativo de la pandemia y los múltiples casos de corrupción sin acciones contundentes para limitarlos o penalizarlos. El presidente así como el resto de las autoridades del Poder Ejecutivo no tomaron medidas oportunas y radicales, al contrario, las señales emitidas reflejaron tolerancia y, en algunos casos, involucramiento en el robo al Estado. La ciudadanía esperaba mucho más, por lo que la profunda decepción se refleja en los bajos niveles de aceptación del Gobierno. El Gobierno actual tiene dos años todavía para mostrar interés en los cambios que requiere la ciudadanía, y la gente necesita un poco de esperanza.

Los malos resultados económicos acrecentados por políticas económicas de bajo impacto en las personas y los múltiples hechos de corrupción dieron como resultado una percepción profundamente negativa evidenciada en varias encuestas y en las redes sociales. A esta situación se agregan las consecuencias económicas negativas derivadas de la crisis sanitaria que derivaron en alto gasto de bolsillo y endeudamiento de los hogares.

El lado positivo lo dio el abordaje a los primeros meses de la pandemia con una fuerte inversión en medidas de mitigación de las consecuencias del cierre temporal de las actividades económicas. Sin embargo, esto no fue suficiente para contrarrestar la ausencia de un plan económico claro desde el inicio de la gestión.

En suma, el saldo ha sido negativo, por las pocas acciones positivas y la exasperante debilidad para tomar decisiones. Frente a la necesidad de reformas en la administración pública y de cambios estructurales en la economía, la política económica ha permanecido sin cambios relevantes. A eso se agrega la ausencia de medidas para combatir la corrupción económica, con impactos cada vez más altos debido a los grandes montos involucrados.

No se puede negar que las medidas tomadas al inicio de la pandemia fueron de gran relevancia para reducir los efectos negativos de la necesidad de la cuarentena frente a la llegada de un virus totalmente desconocido, pero con trágicas consecuencias en los países en los que se inició.

No obstante, el penoso caso de la negociación de la energía de Itaipú antes de la pandemia ya había sentado un precedente difícil de olvidar por parte de la ciudadanía, situación que se agravó por la indiferencia asumida por el Gobierno en los casos de corrupción durante toda la pandemia.

Tampoco se puede negar que la mala situación económica era anterior a la pandemia; de todos modos, el Gobierno sigue sin darse cuenta de que se requieren cambios estructurales y no continuar asumiendo la ficción de ser el país de menor caída del PIB.

A pesar del buen desempeño de este indicador, gran parte de la población enfrenta una crisis económica sin precedentes, que se agravará por los altos niveles de deuda que tuvo que asumir tanto por los efectos de la enfermedad como por la necesidad de pagar las cuentas y mantener los emprendimientos funcionando a pesar de la paralización económica.

El Gobierno actual tiene dos años todavía para mostrar interés en los cambios que requiere la ciudadanía. Si no tiene condiciones para implementar medidas, al menos debería proponer un camino de negociación que abra el camino a la próxima gestión gubernamental. La gente necesita un poco de esperanza y sentir el interés de sus autoridades por su bienestar. El dolor de la pandemia continúa, tanto por las pérdidas de los seres queridos como las económicas.

Un plan que ponga en el centro de la recuperación económica a las personas será un aliciente y dará un poco de luz a los próximos pasos que deberá dar el país, para no volver a la antigua normalidad que nos posicionó tan mal para enfrentar la pandemia.

Más contenido de esta sección
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.
Los agricultores familiares producen la mayor parte de los alimentos frescos y sanos, diversificados y culturalmente apropiados. Generan oportunidades de empleo agrícola y no agrícola, y ayudan a las economías rurales a crecer. La agricultura familiar preserva y restaura la biodiversidad y los ecosistemas, y utiliza métodos de producción que pueden ayudar a reducir o evitar los riesgos del cambio climático. La agricultura familiar es fundamental para mantener la capacidad adquisitiva de los ingresos de todas las familias y para reducir la pobreza en el sector rural. Dejarla en el abandono es poner un obstáculo al crecimiento sostenible, al bienestar de los hogares y al desarrollo del país.
La violencia contra las mujeres es una preocupante realidad en el Paraguay. En este Día de la Mujer Paraguaya debemos recordar los datos de las instituciones que señalan que, pese a las leyes, los casos de violencia en el hogar y los casos de feminicidio no disminuyen. Estamos lejos de ser una sociedad que respeta y valora las capacidades de las mujeres; prueba de ello es el aumento en el último año de la violencia política. Este es un indicador del largo camino que nos falta andar para ser una sociedad verdaderamente democrática.
Las reguladas del servicio del transporte público forman parte ya de la realidad cotidiana para los pobladores de la capital, su área metropolitana y el Departamento Central. El mal servicio, no obstante, afecta a todas las ciudades y localidades del Paraguay. Este, además de la salud pública, es el servicio más ineficiente que debe padecer la ciudadanía. Las humillaciones que a diario soportan los usuarios son inaceptables. Un transporte público seguro y cómodo es un derecho que tienen los paraguayos y significa calidad de vida.