El punto álgido de debate actualmente en la Comisión de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario es la propuesta de la introducción al Código Procesal Penal de la figura del “querellante conjunto”, con lo cual la víctima de un hecho punible podría llevar su causa a un juicio oral aun si el Ministerio Público se opone.
Hoy en día, la ley solo prevé la querella adhesiva, una figura en la cual la víctima de un hecho punible puede intervenir en el procedimiento impulsado por la Fiscalía, pero no provocar la persecución penal.
La querella conjunta es una propuesta presentada por el abogado Alfredo Enrique Kronawetter, el coordinador general de la comisión.
El proyecto cuenta con el visto bueno de varios integrantes de la comisión, así como el rechazo de otros, entre ellos representantes del Poder Ejecutivo y el mismo fiscal general, Javier Díaz Verón, quien advirtió sobre una posible violación a la Constitución Nacional.
Días atrás, la comisión se llamó a un cuarto intermedio para trasladar la consulta sobre este punto a ambas cámaras legislativas.
POSICIONES. Además de la querella conjunta, Kronawetter planteó la incorporación de figuras como la querella por derechos humanos, la conversión de la acción pública en privada y la participación de las asociaciones en calidad de víctimas para los casos de intereses sociales, difusos y conexos.
En la fundamentación de su propuesta, el abogado sostiene que es necesaria una mayor participación de la víctima en el proceso penal debido a que la regulación actual limita su protagonismo.
Sobre el punto, señala que es “un hecho palpable que las prerrogativas al Ministerio Público generan malestar de las víctimas porque no tienen una respuesta del sistema judicial, o porque padecen el tratamiento discriminatorio que en ciertos ámbitos se presentan”.
Por su parte, Carla Bacigalupo, integrante de la sub-comisión procesal penal en representación del Poder Ejecutivo, manifestó estar en contra de la introducción de la querella conjunta.
“La postura del Ejecutivo en este caso es mantener el régimen actual de la querella adhesiva. Más que nada porque creemos que hay muchas deficiencias que se deben más bien a otros factores y no a una deficiencia legislativa”, indicó.
La asesora jurídica del Ministerio de Justicia también es de la postura que la propuesta de la querella conjunta podría ser inconstitucional.
En contrapartida, Marcos Köhn Gallardo, quien integra la comisión en calidad de asesor, refutó estos puntos y opinó que la querella conjunta asegura el acceso a la justicia.
“La querella conjunta es una tradición en Iberoamérica que tiene más de 750 años. Actualmente, en América Latina solo Guatemala y Paraguay no tienen la querella conjunta. Por otra parte, es un derecho constitucional que tienen las víctimas”, aseguró.
“A pesar de que el Ministerio Público no esté de acuerdo en la ocurrencia de un hecho punible, el querellante conjunto va poder instar y llevar hasta su conclusión una pretensión penal”, añadió.