La caída de la fe en la democracia es un dato que cada año cuenta el Latinobarómetro, siendo Paraguay uno de los países con menor satisfacción. De la desilusión al apoyo a regímenes autoritarios o líderes populistas no hay mucha distancia.
Aseguran los expertos que esa desilusión se debe a que la democracia no resuelve los problemas de la gente o es muy lenta. Raúl Alfonsín decía que “con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. Pero la democracia es mucho más compleja que los autoritarismos, donde no existen leyes ni instituciones y una sola persona o una corporación decide sobre la vida y hacienda de todo un país.
La democracia paraguaya es joven (33 años) para resolver décadas de ignominia, de stronismo puro y duro que tras su caída dejó su nefasta herencia. Lamentablemente, el reloj de la evolución institucional se ha detenido, teniendo en cuenta que las instituciones son cada vez más débiles y corruptas, y la dirigencia política y económica se vuelve cada vez más cínica y voraz.
LOS 90. Apenas cayó Stroessner, los actores centrales decidieron nuevas reglas de juego y así nació la nueva Constitución y una nueva ley electoral para nivelar un poco más la cancha. Aunque la hegemonía colorada continuaba, había una intención de modernización y democratización institucional. Los nuevos organismos se integraron con mayoría colorada con incorporación de la oposición, especialmente del PLRA. Con el tiempo, lamentablemente, el plan se prostituyó y se convirtió en una descarada repartija de cargos, negocios y privilegios.
La decadencia empezó cuando los partidos dejaron de proponer a los mejores hombres y mujeres para ocupar los cargos del Estado y los sustituyó por los “chanchos de su chiquero”. La lealtad al partido, al padrino, como condición principal. La oposición perdió su rumbo y prefirió compartir los privilegios del viejo Estado antes que transformarlo para bien de la mayoría.
DEPRECIACIÓN ÉTICA. Paraguay hizo débiles intentos, pero nunca ha llegado a la democracia plena. Pero a medida que pasan los años, la dirigencia política unida a una hipócrita élite empresarial, que vive de los negocios del Estado, han conformado una alianza para enriquecerse cada vez más, mientras la mayoría de la sociedad carece de los mínimos servicios públicos.
En un tiempo no muy lejano al menos había intentos por mejorar instituciones o disimular apariencias. Los partidos se avergonzaban de sus corruptos y hacían intentos de meterlos al menos bajo la alfombra. La decadencia es tal que hoy ya ni disimulan sus vilezas. Veneran y protegen a sus bandidos utilizando sus mayorías en el Congreso o torciendo el curso de la Justicia, gracias a fiscales y jueces venales.
Los ejemplos son miles, pero se destacan actualmente por su desfachatez el caso del defensor del Pueblo, Miguel Godoy, quien no debía ser reelecto, pero contra toda racionalidad, logró el apoyo de los colorados y los liberales sobornables para imponerse nuevamente y hacer trizas una noble institución. Su nombramiento ha sido una provocación para los derechos humanos y una vergüenza pública que no abochorna a sus padrinos.
La narcopolítica es de vieja data, pero nunca se ha demostrado con tanta nitidez el vínculo de los legisladores con ese submundo. Pero allí siguen campantes en el Congreso e incluso buscando su reelección. ¿Cómo no indignó a sus pares que los diputados se repartieran el dinero de una cooperativa vinculada al lavado de dinero y que los beneficiados con el dinero de los socios ni siquiera paguen sus cuentas? El caso San Cristóbal es una afrenta para un sector más vulnerable de la sociedad que decide cooperativizarse para mejorar sus condiciones de vida. Pero allí, un diputado cooptó la cooperativa y que hoy está preso por lavado de dinero, narcotráfico y asociación criminal, decidió hacer vito con los fondos, seguramente para lograr blindaje y seguir con sus negocios. Para colmo, el diputado deudor se indignó más que las víctimas y alegó que no pagó su cuenta por falta de fondos.
La clase dirigencial ha tocado fondo. Un ex presidente de la República ha sido acusado por el país más poderoso del mundo de significativamente corrupto y con vínculos con el terrorismo, y un vicepresidente en ejercicio que comparte el mismo pecado. Pero los dos siguen campantes como si Estados Unidos les hubiera colgado una medalla.
Ya nada les sonroja, mientras en sus discursos abunda la ficción.
Han perdido la vergüenza porque gracias a la repetición de la corrupción han logrado normalizar y anestesiar a gran parte de la sociedad, que ha perdido la capacidad de señalarlos y cancelarlos.
Y aunque se asuma esta realidad como normal por esos factores que llevaron al país a su estado actual, aún hay tiempo para frenar la total degradación social y política.
Estela Ruiz Díaz.
