En el 2005 el Congreso sancionó una norma que en su acápite anunciaba una lucha frontal a uno de los males endémicos del Estado. La ley N° 2777, “que prohíbe el nepotismo en la función pública”, estableció que las autoridades no pueden dar cargos de designación directa a “parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”. Los familiares solo pueden obtener un puesto a través de un concurso, dice el texto legal. Como corresponde.
Ocho años después podemos probar la efectividad de la ley. Mediante la publicación de las nóminas de entidades estatales constatamos que, en muchas oficinas, más que funcionarios públicos, hay parientes asalariados. Nos enteramos, por ejemplo, de que más de 30 familiares del senador trato apu’a, Beto Ovelar, copan el Estado. También supimos que instituciones como la Cancillería y el Indert se convirtieron en feudos de un puñado de apellidos.
Cuando leímos estas noticias en los periódicos, respiramos tranquilos. Por suerte, hay una ley contra el nepotismo. Hasta que se nos cayó la ficha: como máximo castigo la normativa solo contempla una sanción administrativa, la descontratación. Además menciona a los presidentes de ambas cámaras, pero no dice nada sobre el resto de los parlamentarios.
Con esto, Beto Ovelar puede pelar sus influencias, dar cargos a otros 30 parientes y aun así no incurrirá en ningún delito. Cualquier parlamentario u otra autoridad puede introducir a toda su parentela en la función pública y no podrá ser llevado ante la Justicia por eso.
“Bueno, pero también existe una ley de tráfico de influencias”, espetará algún incauto. La ley que penaliza esta figura habla del que “reciba o se haga prometer dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa” para mediar ante un funcionario en algún asunto utilizando, justamente, sus influencias.
Hoy en día, la Fiscalía imputa por este delito solo cuando una cámara oculta registra un pedido de dinero para conseguir una resolución administrativa o judicial. ¿Cómo probar que hubo “dinero o cualquier otro beneficio” para un senador que metió a su niñera en Itaipú? Los fiscales están atados de manos.
Lo que es comúnmente conocido como tráfico de influencias no existe ante la ley. Hace unos años, la ex titular de la Secretaría de la Función Pública, Lilian Soto, denunció a varios diputados por imponer contrataciones y recategorizaciones a la Diben y Aduanas. La Fiscalía respondió que el simple hecho de que un congresista presione para conseguir un contrato o un aumento de salario para un correligionario suyo no constituye un delito.
No hay que subestimar la inteligencia y creatividad legislativas de aquellos que constantemente se ingenian para evitar una temporada en la cárcel.