El dato relevante que surge de este monitoreo es que el 73% de los pequeños en calle, en general, “no participan de ningún programa social” del Gobierno. De ese porcentaje, el 77% son indígenas.
Esto supone que al menos 800 niños, niñas y adolescentes nativos están desamparados por el Estado. “De 10 niños abordados en calle, siete son de pueblos originarios. Ese es nuestro problema hoy en día, vienen esporádicamente, se instalan y después se van. Van rotando”, dice Jorge Amarilla, responsable del DRI–Calle.
Mbya guaraní, maka, ava guaraní y otros en menor cantidad. En este orden decreciente es la presencia de los nativos callejizados en Capital y área metropolitana.
El principal problema –añade– es que el grueso de los indígenas que deambulan por la vía pública pertenecen a comunidades urbanizadas “porque salen a las calles para la recolección y después vuelven otra vez a sus comunidades”, refiere Amarilla. En efecto, el 46% de estos pequeños proceden de Central; teniendo a Luque (60%), Mariano Roque Alonso (17%) y Limpio (11%), a la cabeza. El 31%, es de Caaguazú y el resto se reparten Asunción y ocho departamentos.
Los pequeños de la primera infancia –de 0 a 5 años– predominan en las calles (47%); le siguen los de 9 a 13 años (28%), de 6 a 8 años (20%) y, por último, los adolescentes de 14 a 17 (5%). Esto explica que haya 359 niños y niñas en calle acompañando a un adulto; otros 296 están en venta ambulante; 189 piden dinero con el adulto y 165 piden dinero solos, entre otros datos que recoge el informe del DRI.
Obstáculo. Amarilla esboza un paralelismo, con la realidad de hace diez años, y recuerda que entonces “se tenían muchos niños en situación de calle y consumo en el microcentro”; mientras que ahora lo que se ve es a niños en situación de trabajo infantil y/o explotación sexual o laboral. “El problema es que los indígenas están con sus padres y eso dificulta la intervención directa de los operadores del Ministerio”, señala.
El Programa Nacional de Protección de Niñez, del cual forma parte importante el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), establece una articulación interinstitucional entre lo administrativo y lo judicial; “sobre todo lo relacionado al tema de la derivación a la comunidad porque hay muchas divisiones internas”, menciona el jefe del DRI.
Acepta que se habiliten albergues –dice–, pero suscribe que se deben atacar los problemas de fondo. “La mora judicial es un impedimento cuando vas a un procedimiento en la zona de la Terminal y no tenés un papel partido por la mitad que diga que podés intervenir”, apunta al indicar que derivaron casos al Juzgado junto a la Defensoría de la Niñez y la Fiscalía.
“Logramos en estos años que las defensoras de la Niñez y la Adolescencia, por ley, se constituyan en los espacios de vulneración. Hicimos algunas intervenciones donde ya se quemaron varias instancias administrativas y fueron al ámbito judicial. Pero siempre acompañados por una defensora y un documento de respaldo”, comenta.
Aclara que “la idea no es criminalizar la pobreza”; pero hay algunos casos en que “cobran bonos de Abrazos y reciben otros beneficios” e igual siguen sus hijos en calle. “Eso se eleva a una instancia judicial de maneraa que los niños estén protegidos”, cierra.