DDHH: “Estamos ante un Estado que funciona a espaldas de la necesidad”

“En nuestro país se habla mucho de los problemas de los derechos humanos, tortura, problemas agrarios, acceso a la tierra, pero cuando uno va a la Unidad Especializada del Ministerio Público, encargada de realizar investigaciones y someter a juicio los crímenes graves, uno encuentra que es la dependencia menos productiva, la que menos resultados tiene”, analizó el abogado especialista en DDHH, Óscar Ayala Amarilla.

Comentó que no solo las causas de la dictadura no fueron prácticamente investigadas, sino que eso hoy sigue sin cambios, haciendo alusión a los crímenes y torturas que continúan sucediendo.

Y la cuestión de torturas no es la única materia pendiente, sino que el tema de derechos humanos abarca también la cuestión indígena, la seguridad jurídica, el desarrollo de infraestructura, producción de alimentos, los cuales, según Ayala, no forman parte de la agenda política principal.

“Eso nos revela que estamos ante un Estado que funciona a espaldas absolutamente de muchas necesidades que tienen que ver con alcanzar justicia”, lamentó.

Indicó que uno de los sellos de este periodo posdictadura –además de la corrupción– es la impunidad con relación a DDHH, hechos que afectan a derechos ciudadanos.

“Esa idea de que todos los derechos son iguales, en la práctica, en nuestro país no es así... Se criminaliza la protesta social, la pobreza, la lucha por la tierra y las víctimas nunca obtienen justicia, ni resarcimiento”, lamentó Ayala.

SUPRIMIÓ. Recientemente, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, resolvió suprimir una de las tres unidades especializadas de Derechos Humanos. Esto fue criticado por muchos abogados, quienes a lo largo de estos años acompañaron denuncias no investigadas.

Por tal motivo, también la semana pasada le hicieron llegar al titular del Ministerio Público las más de 200 denuncias que hizo la Defensa Pública en los últimos cinco años, que la Fiscalía no investigó, porque nunca se llegó a una imputación, ni tampoco las desestimaron.

Se trata de denuncias que fueron acompañadas por dictamen médico y fotografías y en caso de no tenerlas, se solicitaba al Ministerio Público una inspección, pero lamentablemente no obtuvieron respuesta.

ESTUDIO. Existe un estudio realizado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) en el 2017, titulado Impunidad, en donde se analizaron las causas abiertas de torturas y otros delitos en la Fiscalía.

En dicho informe, la Codehupy afirmó nuevamente que “la tortura y los malos tratos son prácticas sistemáticas de las fuerzas de seguridad; que se han consolidado como mecanismo de control, especialmente en centros penitenciarios, y ha aumentado el uso excesivo de la fuerza pública, especialmente en manifestaciones, desalojos e intervenciones en la zona Norte del país”.

Se concluyó que esos hechos son acompañados “por la poca actividad investigativa” de las denuncias, “dando como resultado la impunidad”.