El 7 de diciembre pasado, la CIDH notificó la decisión admitir la demanda contra el Estado paraguayo presentada en 2014 por un grupo de campesinos que se consideran víctimas de violaciones a sus derechos humanos durante la investigación y el proceso judicial del que fueron objetivo como supuestos responsables del caso Curuguaty. El caso guarda relación con la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 en las tierras de Marina Cué, en una propiedad denominada Campos Morombí, en la ciudad de Curuguaty (Canindeyú) en un intento de desalojo en que murieron 6 policías y 11 campesinos. Este caso detonó una crisis política que derivó en el “juicio político exprés” que los opositores al gobierno de Fernando Lugo llevaron adelante para dejarlo fuera del poder.
