La adolescente está acusada por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad.
Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay afirman que entre las múltiples violaciones procesales cometidas durante toda la causa, a la joven nunca le fue realizada la evaluación sicológica, una diligencia fundamental en el proceso penal adolescente, a fin de determinar el grado de madurez en que se encontraba y si al momento del episodio era consciente de los hechos que se le atribuyen.
“La sola omisión de esta diligencia es causal de la anulación del proceso”, explican desde la Codehupy.
Refieren además que la adolescente en principio fue asistida por la defensa pública, que tuvo un trato discriminatorio y un negligente desempeño sin haber presentado ningún elemento de descargo a favor de la joven.
“Incluso actuó más bien como parte acusadora, haciendo preguntas incriminatorias y presionándola a confesar e involucrar a Rubén Villalba a cambio de ser beneficiada con una pena más leve”, añadieron.
El fiscal Jalil Rachid la había acusado junto con las demás mujeres de haber hecho de “señuelo” con su hijo en brazos, para supuestamente crear un ambiente de confianza en los más de 300 policías con el fin de tomarlos desprevenidos y emboscarlos.
La acusación fiscal basa su hipótesis en que ante una supuesta señal dada por Rubén Villalba, la joven corrió poco antes de iniciarse el tiroteo.
La masacre de Curuguaty ocurrió en el año 2012 y provocó la muerte de 17 personas, seis policías y once campesinos.
