En la mañana de ayer, una nota firmada por 16 legisladores solicitando una sesión extraordinaria para el martes fue entregada al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas (ANR), pidiendo como único punto tratar el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Sin embargo, tras una reunión de urgencia entre Cuevas y los líderes de bancadas, los colorados Basilio Núñez y Arnaldo Samaniego y el liberal Salustiano Salinas, el titular de la Cámara Baja decidió convocar a una sesión extraordinaria, pero para el miércoles e incluyendo todos los pedidos de intervención que hasta el momento tuvieron entrada en la Cámara Baja, que totalizan seis.
Los legisladores que se reunieron con Cuevas no quisieron dar detalles de lo hablado en el encuentro, pero poco después de culminado el encuentro ya apareció la convocatoria a sesión.
Los cartistas, encabezados por Núñez, se oponen a la intervención de Ciudad del Este, a pesar de las múltiples denuncias y 15 causales para la intervención de la gestión de Sandra McLeod de Zacarías, esposa del senador Javier Zacarías Irún.
Entre las irregularidades se menciona una malversación de fondos por valor de G. 36.507 millones provenientes del impuesto inmobiliario.
OTROS PEDIDOS. Además de Ciudad del Este, también se encuentran en la mira los municipios de Santa Rosa del Aguaray, donde se denuncia que faltan justificar gastos por montos de entre G. 8.000 y G. 10.000 millones; el de Limpio, por falta de rendición de cuentas con dinero de Fonacide de unos G. 1.000 millones, adjudicación directa de obra por valor de G. 1.300 millones a un primo del intendente y daños patrimoniales; el de La Colmena, por construcción de pista deportiva para la que utilizó indebidamente G. 460 millones del Fonacide y utilización excesiva y no justificada de combustible por valor de G. 450 millones en 2017.
El pedido de intervención de Ñumí es por un faltante de G. 325.222.049 en el rubro correspondiente al Fonacide.
En cuando a la Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy, el pedido es por irregularidades detectadas en la gestión del intendente municipal en el rubro de Fonacide y royalties.
Impiden a Contraloría auditar Gobernación de Alto Paraná
Redacción Regional
CIUDAD DEL ESTE
La Fiscalía de Cuentas considera extemporáneo el pedido de la Contraloría General de la República de acceder a documentos de la Gobernación del Alto Paraná para realizar una auditoría del ejercicio fiscal 2017.
La rendición de cuenta en cuestión corresponde a la gestión realizada al frente de la administración departamental del actual diputado Justo Zacarías Irún.
Parte del documento, que lleva la firma del fiscal de Cuentas del Primer Turno, Jorge Salinas, considera conveniente “denegar el pedido realizado por la CGR, de enviar técnicos a realizar la revisión de las documentaciones por extemporáneos, considerando que los mismos ya se encuentran en la culminación de su estudio”.
La CGR dispuso por resolución 44/18 la realización de una auditoría financiera y de cumplimiento en el marco del Plan General de Auditorías (PGA).
De esa determinación la Gobernación de Alto Paraná fue notificada el 1 de marzo pasado. En contestación informó que todos los documentos fueron remitidos al Tribunal de Cuentas. Ante esta situación el órgano auditor solicitó acceder a los documentos para auditarlos. Al respecto, el fiscal de cuentas señala que “ningún documento puede ser extraído fuera del recinto del local del Tribunal de Cuentas, ni ser entregado a ningún organismo administrativo extraño al proceso ni darse intervención a representantes legales ni personas por derecho propio que no sean partes en el juicio de rendición de cuentas”.
Insiste que la Contraloría es un órgano eminentemente administrativo que al concluir su trabajo emite un informe de carácter no vinculante. “No hace cosa juzgada, así como tampoco tiene poder sancionador”.
Señala que el Poder Judicial es el único órgano constitucional que puede entender y decidir en actos de carácter contencioso. “Como se podrá notar, los juicios de rendición de cuenta son contenciosos, porque las partes exponen y litigan y hay un órgano juzgador, el Tribunal de Cuentas que resuelve conforme a derecho, y sus resoluciones tienen carácter de cosa juzgada”.