La Fiscalía General de Cuba anunció que estos procesos suman 790 acusados, investigados por “actos vandálicos” y “graves alteraciones del orden”.
Entre los investigados, añadió, se cuentan 55 adolescentes de entre 16 y 18 años, de los que 28 están en prisión provisional. La edad mínima penal en Cuba es de 16 años y el Código Penal prevé la posibilidad de reducir a la mitad de las penas para los menores de edad condenados.
Pero estos no son todos los menores. Porque hay otros 27 niños de menos de 16 años que supuestamente participaron en las protestas y que, como “no son sujetos del derecho penal”, no van a juicio, pero se les aplica “el procedimiento legal establecido”.
Concretamente, 10 han sido “internados en escuelas de formación integral y de conducta” por “intervenir junto a adultos” en las protestas. A los 17 restantes se les aplicó “la medida de atención individualizada” en su propia escuela, informó la Fiscalía.
Además, otros 60 acusados tienen entre 19 y 20 años, de los que 41 se encuentran en prisión provisional. El Código Penal cubano contempla la posibilidad de que se les reduzcan las penas impuestas en hasta un tercio por su edad.
El anuncio de la Fiscalía se produjo tras varias semanas de protestas de disidentes y activistas y de quejas de algunos Gobiernos por los juicios a los manifestantes del 11 de julio, en general, por los menores de edad encarcelados en particular.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró a este respecto en Twitter que “los actuales procesos judiciales en Cuba se desarrollan con pleno apego a la ley y dentro de estándares internacionalmente aceptados”.
Consideró además que EEUU miente al hablar de estos procesos y que su objetivo es “empañar la labor ejemplar de Cuba en la protección a su niñez y justificar medidas coercitivas criminales”, en relación a las sanciones económicas estadounidenses.
Según el comunicado de la Fiscalía General, la acusación pública recibió 117 expedientes de fase preparatoria sobre los hechos “de mayor connotación”, con 790 personas instruidas “por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden”.