Según explicó el abogado Guillermo Ferreiro, son más de 13.000 personas las que procesadas por la “violación a la cuarentena sanitaria”, que tienen derecho a recurrir contra el Estado, por haber sido procesados por un supuesto delito que no existe.
Este razonamiento se dio luego de que un tribunal absolvió a la activista María Esther Roa, porque consideró que el caso no constituía un hecho punible.
“Son 13.000 personas que nunca debieron ser imputadas por un delito que no existe. Tienen derecho que se reclame la responsabilidad de los funcionarios que los procesaron”, explicó el abogado.
Ferreiro también se refirió a las personas que, para tener una salida más rápida, optaron por no llegar hasta el juicio y terminaron pagando una multas u otras imposiciones. “El hecho de que reconozca un hecho bajo presión para ahorrarme un proceso penal no le quita responsabilidad a un funcionario que imputó y forzó a un acuerdo por un delito que claramente no existe”, agregó el abogado.
El juez Carlos Hermosilla, uno de los que absolvió a Roa, habló de la Ley 716, que protege el medioambiente y la calidad de vida humana, que se utilizó para acusar a la activista. Dijo que el artículo citado por la Fiscalía no describía la conducta para que haya delito. Tampoco decía si alguna institución debía aplicarla.
Hermosilla integró el tribunal junto a sus colegas Sandra Farías y Héctor Fabián Escobar.
Los fiscales Juan Carlos Ruiz Díaz y Ángel Ramírez habían procesado a la mujer por la supuesta violación a la cuarentena y solicitaron al tribunal imponer a la procesada una multa consistente en G. 8.035.695.
María Esther Roa es una de las referentes de Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache, que en junio de 2020 organizó frente al Panteón de los Héroes una manifestación en contra de la corrupción.
