Ayer, mientras escuchaba la radio, no pude evitar sentir angustia cuando los integrantes del programa La Lupa desgranaban las expresiones de dos funcionarios, entrevistados uno tras otro, en el intento de arrojar claridad sobre las razones por las que no se podrá habilitar totalmente el nuevo hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS).
Y es que el primero de los consultados por los colegas fue el director de Infraestructura de IPS. El segundo, un ingeniero, gerente de Proyectos de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas. En el intento de deslindar responsabilidades, estos las transfirieron al campo del otro.
El tema por el cual se los llamó es la imposibilidad de habilitar el flamante centro hospitalario porque falta un sistema de tratamiento de efluentes y desagüe cloacal para poner en operatividad el nuevo edificio que tanto se precisa.
No hace falta tener muchas luces, para concluir que los ciudadanos no están en el centro de las gestiones del Estado y que, hasta ahora, dentro de este sigue siendo un desafío la articulación entre las instituciones y servicios para responder con eficiencia a las demandas y los derechos ciudadanos.
El arquitecto de IPS responsabilizó de la situación al MOPC, en tanto que el funcionario de este Ministerio, afectado a las obras, explicó que en realidad hace más de un mes que, tras gestiones realizadas por ellos ante el Ministerio del Ambiente, esta entidad les indicó que compete al IPS presentar un plan de impacto ambiental para poder usar un sistema de desagüe provisorio que por medio de un aliviadero desembocaría agua limpia en el arroyo San Lorenzo.
Mientras, entre ellos “se pasan la pelota”, la perjudicada es la masa de asegurados que padece un sistema saturado, ineficiente, poco amigable que requiere entre otras medidas, la urgente ampliación de su infraestructura para descongestionar el Hospital Central de IPS.
Si esto está sucediendo en estas instancias tan relevantes y con un tema tan sensible como la salud, asusta pensar lo que debe estar ocurriendo en otros ámbitos y dentro de las gobernaciones e intendencias.
Pero lo más angustiante es constatar que en un país donde la mayoría de los problemas estructurales y sociales no están resueltos de raíz, y donde no existe la tendencia de abordarlos siquiera con ese enfoque, es demasiado grosero lo que revela el caso del nuevo hospital que, dentro de las respuestas urgentes, es necesario que se lo ponga operativo lo antes posible y en condiciones de funcionamiento sustentable.
Es mucho despropósito que esto esté ocurriendo, y que no se actúe con mayor empeño y entrega para aliviar los sufrimientos de compatriotas atosigados de situaciones que ya no deberían estar dándose.
Si hubiera mayor sentido de patriotismo, en lugar de estas confrontaciones, ya hubieran estado ganándose unos a otros en la búsqueda de fórmulas para resolver cualquier situación que obstaculice poner en marcha algo que beneficiará a los ciudadanos.
Esta manera de actuar, que pocas veces y en muy pocas instituciones han conseguido romper, es esa en la que se deja fluir el problema, esperando que otro u otros se hagan cargo, asuman la responsabilidad de hallarle una solución, lo que, a su vez, todos esos otros esperan que suceda.
En ese círculo perverso se pierden dinero, tiempo, esperanzas y hasta vidas, sobre todo, cuando se trata de un emprendimiento para el área de la salud. Es el que hace que los problemas se agraven y aumenten los costos, así el bache se convierte en cráter; el Metrobús en monumento a dilapidación; los caños rotos en laguna y en avenidas corroídas; el transporte público en un castigo al usuario; los policías en delincuentes; el narcotráfico en el poder detrás del poder; la justicia en mercancía y los gobernantes en traidores.
Entretanto, el Paraguay sigue en un interminable proceso de empantanamiento en el que todos rehuyen la responsabilidad.
