“Lamento que Duarte Frutos, desde el cargo que tiene en este Gobierno, se limite a hablar como un opositor y no hacer las denuncias correspondientes, él tiene la obligación de denunciar eso que está diciendo”, aseveró Amarilla.
Destacó que los partidos opositores presumen que existe narcopolítica y que esta permea las instituciones del Estado teniendo en cuenta el caso del diputado Ulises Quintana, pero que si alguien tiene una certeza, debe denunciar.
“Eso es lo que vemos dentro del Gobierno, que ellos hablan como si fuera que están fuera, ellos hablan como si fueran opositores, ellos te cuentan los problemas, y los problemas ya conocemos”, cuestionó.
Recordó que durante la reunión que mantuvieron con la ministra de Justicia Cecilia Pérez y el ministro del Interior Euclides Acevedo, ambos se quejaban de que no existía “un solo guardiacárcel honesto, todos se venden, en la Policía son todos corruptos, nos estaban contando la tragedia del país y yo no quiero escuchar, ellos tienen que dar las soluciones”.
La diputada indicó que los problemas ya se conocen y que esperan acción del gobierno. “Este gobierno, aparte de inoperante, aparte de sin plan, es tonto, porque ellos creen que se justifican contándote el problema y los diagnósticos ya tenemos. Ya sabemos, hay pruebas, entonces ellos tienen que darnos la solución o irse”, sentenció.
Sobre los dichos de Duarte Frutos referentes a la necesidad de aprobar una ley con mayor dureza de la trazabilidad del dinero que se utiliza en las campañas electorales, Amarilla recordó que son los colorados, es decir, los miembros de su propio partidos, los que ponen trabas para tratar el proyecto de financiamiento político presentado por la diputada Rocío Vallejo.
Diputados colorados, sobre todo cartistas, alegan que se trata de un proyecto inaplicable, por lo que se cree que no será tratado durante el receso parlamentario y por tanto no estará vigente paras las elecciones internas del 12 de julio y las municipales del 8 de noviembre.
Los proyectistas ya apuntan a que sea implementado para las elecciones presidenciales del 2023.
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, también sugirió cambios.