Las expresiones fueron vertidas en torno a los datos estadísticos del portal Rindiendo Cuentas, del Ministerio de Hacienda, donde exponen una falta de ejecución en la totalidad de los recursos, a pesar de las urgentes necesidades de la población, sobre todo, en lo que atañe al acceso de insumos hospitalarios. Casi un año pasó desde que se establecieron las primeras restricciones en el país ante la crisis sanitaria.
DEBILIDADES. Royg indicó además que durante el desarrollo de la pandemia se observaron debilidades en la capacidad de gestión por parte de algunas instituciones encargadas de mitigar los efectos de la crisis sanitaria.
El profesional apuntó que la descoordinación, la ineficiencia en las compras y la falta de claridad en el propósito de las inversiones, más allá de generar empleos temporales, limitaron el aporte de la utilización de los fondos de la normativa a la estabilidad económica y social en el país.
“Desde la perspectiva económica, vemos que las familias víctimas del Covid-19 están asumiendo los gastos vinculados al tratamiento; que el impacto es mayor en las familias de escasos recursos y que, si bien la actividad se ha recuperado, lo han hecho, principalmente, las unidades económicas grandes no así las pequeñas y medianas empresas”, indicó.
SISTEMA COLAPSADO. Desde la perspectiva sanitaria –según siguió analizando– se asiste a una situación en la que el sistema está colapsado y con dificultades en la calidad y oportunidad de la atención. Por estos motivos refirió que se puede señalar que en el nivel de ejecución la nota de 1 al 10 sería 8; pero en lo que concierne a la calidad del gasto sería 5 o menos, “dado que los recursos asignados no han mejorado radicalmente la situación”, señaló.
Añadió que además de ser un riesgo que podría elevar el alto costo en vidas humanas, el no contar con todos los insumos y equipamientos necesarios en materia sanitaria puede trasladarse a la economía a través de bajas laborales más extendidas, reducción de la productividad y escasas inversiones por la incertidumbre que significa.
En lo que refiere al incremento de la deuda pública del país y las posibilidades de volver a realizar un esfuerzo similar al del año pasado –en caso de que las condiciones sanitarias así lo requieran– Royg explicó que entre el 2019 y el 2020 la deuda pública pasó de representar el 22,9% del PIB al 34,2%, mientras los ingresos tributarios se redujeron cerca del 4% y las perspectivas para el 2021 no serían muy favorables si la incertidumbre persiste.
“Estos números indican que el Estado no podría realizar un esfuerzo similar con los niveles de ingresos actuales (...) Aumentando los niveles de deuda se correría el riesgo de que se fragmente el pilar macroeconómico, lo que tendría consecuencias nocivas para la economía en el corto y el mediano plazo”, manifestó.
Por otra parte, al ser consultado sobre si la economía paraguaya podría volver a enfrentar un nuevo periodo de restricciones estrictas, comentó: “Considerando que el Estado fue perdiendo credibilidad y que actualmente con el aumento de la deuda tiene limitaciones mayores para obtener recursos, una nueva ola de crisis sanitaria con consecuencias económicas provocaría un daño irreparable en el corto y mediano plazo en la economía”.
Finalmente, el economista aseguró que es una prioridad para el país que el Ministerio de Salud agilice las gestiones para que la vacuna esté disponible lo antes posible y se pueda iniciar el programa de vacunación generalizada, a modo de evitar un nuevo cierre total que tenga su impacto en el desempeño del producto interno bruto (PIB).
CRÍTICAS. Rubén Ramírez Lezcano, asesor económico de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), indicó que desde el gremio observan con preocupación el incremento de la deuda pública del país y las deficiencias en el gasto, considerando que la calidad de la inversión estatal no es óptima, lo cual se evidenció sobre todo en pandemia.
“La dimensión de esa deuda no tiene relación con la calidad del gasto, nosotros no hemos visto los resultados en infraestructura en hospitales, o en la educativa, cuando tuvimos un año de niños y jóvenes sin asistir a la escuela, no se ha hecho la inversión”, refirió el representante.
Gremios están en contra de los privilegios para el sector público
En torno a los erráticos manejos desde el Poder Ejecutivo respecto a la contención del Covid-19, una treintena de gremios empresariales emitieron recientemente un comunicado conjunto, a través del cual rechazaron que el sector público haya mantenido “privilegios y clientelismo” durante la pandemia, pese a que el sector privado tuvo que ajustar nóminas y salarios para hacer frente a la emergencia económica que golpeó al país.
A criterio de los sectores empresariales representados en el documento, quienes no pasaron el “examen” de la crisis sanitaria fueron los “politiqueros”, quienes “encerrados en un microclima” fueron los artífices de una inercia “para preservar vergonzosos privilegios”. Igualmente, los gremios llamaron a priorizar el proceso de recuperación económica.
“Estamos en condiciones de reactivar sensiblemente la economía y recuperar el empleo perdido con la ayuda de los vientos favorables para los productos nacionales, pero nos encontramos al borde de desaprovechar esta nueva oportunidad si no existe un cambio radical de actitud en la dirigencia política”, aseguraron.
El abogado Diego Lansac, representante de algunos sectores empresariales que fueron perjudicados con las estrictas medidas por la pandemia, también aportó su criterio, mencionando ayer en redes que el daño que causa al clima de inversiones está situación (la crispación de este fin de semana) no tiene nombre.
Las familias víctimas del Covid están asumiendo los gastos vinculados al tratamiento. El impacto es mayor en las familias de escasos recursos.
Hugo Royg, economista.
