Los decibeles de la criminalidad y su eco en la mediatización de casos que llegan hasta el morbo vienen elevándose estrepitosamente. Todo esto ante la generalizada pasividad social, que ve pasar las imágenes en la televisión como si fueran un show más.
Asesinatos que dan pauta de ajustes de cuenta, quema de archivos y resoluciones gangsteriles, explosión controlada de un coche-bomba preparado supuestamente para rescatar a un hipotético jefe de la mayor organización criminal brasileña, y últimamente una muerte violenta en la Agrupación Especializada sin explicaciones, son botones de muestra del desenfreno en la escalada marginal.
Según analizan los entendidos, existe una oleada de recomposición de fuerzas y hasta emigración de los grupos que operan fuera de la ley en Brasil, y que encuentran en Paraguay una tierra fértil para trasladar su accionar a las zonas fronterizas, justamente donde ya no llega con tanta fuerza el brazo de las instituciones que deben resguardar la paz pública.
Incluso surgieron voces, luego del triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro para la presidencia del vecino país –cuya línea política se basa en el pensamiento de que su Nación necesita un gobernante con puño de hierro para restablecer el orden– que cuando las medidas prometidas en su campaña empiecen a hacerse realidad, habrá más emigración de grupos criminales y reacomodo, lo que traería como efecto un mayor auge de marginalidad en zonas de nuestro territorio.
El escenario de la conducta criminal no se circunscribe solamente a los relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, por supuesto. Los hay también –y en un ritmo que va creciendo preocupante– relativos a conductas esquizofrénicas y desajustes de la salud mental, y que sin mediar más diálogo desencadenan en asesinatos con costos en vida y en situaciones de orfandad en las familias y allegados.
Particularmente, el feminicidio es una nefasta práctica que enluta al entorno de la víctima. Más de veinte casos en lo que va del año, además de unas 160 tentativas de feminicidio en el país, según la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer, plasman una realidad social que se encamina a visualizar una mera réplica de estas actitudes, sin capacidad de reacción para amainar el nivel de violencia.
Frente a esto, las instituciones públicas parecen no estar aún bien preparadas para contener el ímpetu en la peligrosa escalada de abusos, maltratos y resolución trágica de las diferencias de criterio; mientras parte de la ciudadanía acusa recibo de una degradación en la salud mental, en un contexto de profundas frustraciones a nivel sicosocial.
Urge una mayor articulación entre las entidades del Estado, instituciones no gubernamentales y la sociedad civil para hacer frente al desequilibrio y los desajustes que llevan a decisiones extremas, y que anulan el diálogo para resolver los problemas cotidianos.
A la par, también se necesita un mayor compromiso de parte de las autoridades nacionales para ejercer una verdadera lucha contra el crimen organizado y contener la oleada creciente de violencia, puesto que escenas como las que se vienen repitiendo a nivel local solo se veían en Colombia y luego en México, países donde las mafias se llegaron a enseñorear de la situación, ante la impotencia del Estado.
