De acuerdo a los registros oficiales, 46 paraguayas fueron víctimas de feminicidio al cerrar el 2019. Cinco de ellos se produjo en el extranjero. La mayor cantidad se produjo en el primer trimestre del año pasado.
La ministra de la Mujer, Nilda Romero, se reunió con la magistrada María Mercedes Boungermini y la Coordinadora de la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia, Silvia López Safi para analizar el anteproyecto de ley que pretende la creación de estas unidades especializadas para atender los casos que se hayan registrado y hacer un seguimiento a nivel de la Justicia.
La abogada López Safi explicó el alcance de la propuesta en el sentido de que se pretende la creación de juzgados y tribunales especializados de violencia y tipos de procedimientos que clarifiquen la aplicación de la ley 5777, en lo que respecta a los tipos de violencia.
Además, las autoridades del Ejecutivo y del Poder Judicial analizan la factibilidad de la aplicación de una especie de resarcimiento o la reparación de daños a las mujeres que son víctimas de violencia, ya sea en forma directas o indirectas. Los casos de feminicidios generan una problemática social a las familias afectadas, ya que quedan niños y adolescentes huérfanos.
Hasta octubre del año pasado, la Dirección General del Observatorio del Ministerio de la Mujer observó como saldo 64 niños que quedaron huérfanos hasta ese momento. A instancias del Congreso se gestó la propuesta de “reparación económica para niños y adolescentes víctimas colaterales de feminicidio”, con la que se busca ayudarlos con G. 1 millón mensual hasta completar la mayoría de edad.
Seguimiento. La propuesta de creación de las unidades especializadas en violencia queda a consideración del Ministerio de la Mujer para avanzar en el anteproyecto.
“La reunión en el ministerio de la Mujer fue con la ministra y las personas que trabajamos el anteproyecto de Ley que complementa a la 5777/16. En la oportunidad, hicimos entrega del ejemplar impreso a la máxima autoridad, con el objetivo de dar continuidad”, puntualizó la coordinadora de la Secretaría de Género de la Corte Suprema.
Apuntó que es importante dar continuidad al trabajo de la mesa de crisis, de acuerdo a un cronograma que elaborará el equipo del Ministerio de la Mujer, que incluye la validación del anteproyecto de ley con las personas representantes de los estamentos del Estado y de la sociedad civil, la mesa interinstitucional y también la presentación ante el Poder Legislativo.
Los datos oficiales del Gobierno apuntan a que hubo una reducción entre los casos de feminicidio que se registraron en el 2018, que llegó a 55 víctimas.
La Ley 5777/16 tiene como objeto establecer políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia las mujeres, así como mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral. Hay una pena privativa de libertad que orilla entre 10 hasta 30 años.