El caso de los costureros que estuvieron 6 meses y 20 días presos en Emboscada procesados por un delito que no cometieron debe ser un toque de atención sobre la forma en que se manejan las imputaciones y los procesos.
La causa en cuestión duró cuatro años, y ahora los encausados dicen que exigirán resarcimiento. Y lo deberían hacer, porque corresponde y para evitar que se repitan hechos de esta naturaleza.
En el proceso, dos hermanos, costureros, fueron absueltos en juicio oral, a pedido del propio fiscal, Rolando Rivas (que estuvo solo en esta etapa), tras comprobarse que nada tenían que ver con un atraco materializado por dos motochorros.
Es más, el Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora, que los juzgó, les pidió disculpas en la audiencia a ambos procesados por todo lo que pasaron.
El asalto de los motochorros se registró en agosto del 2017, en Fernando de la Mora. Según la defensora Pública que estuvo en el juicio, una semana después del atraco, los hermanos pasaban frente a la Comisaría 2ª, de la citada ciudad, cuando la víctima del hecho que estaba ahí en ese momento, dijo que ellos eran los asaltantes.
En este caso, ocurrió lo que no debía pasar: La defensa tuvo que demostrar la inocencia de los mismos, cuando que es la fiscalía la que debe probar la culpabilidad de los acusados.
En el juicio oral, se comprobó que los costureros ni siquiera tenían motocicletas y que estaban trabajando en Asunción cuando ocurrió el asalto. Incluso, se vieron imágenes de ambos al salir del trabajo, sumado a varios testigos, entre compañeros de trabajo y vecinos, que dijeron que ellos eran buenas personas.
La imputación e investigación la hizo el fiscal Itálico Rienzi, quien –según la defensora–, en la audiencia de reconocimiento de persona, hizo poner cascos a los procesados, y pasar uno por uno delante de la víctima. Esta prueba luego fue anulada porque no se respetaron las reglas procesales para el acto. Increíble.
Los costureros estuvieron presos en el Penal de Emboscada, en una celda para 10 personas, pero estaban encerrados entre 20. Uno, por seguridad, tuvo que dormir debajo de la cama de su hermano.
El calvario siguió luego. Uno perdió su empleo y ahora trabaja en una chacra, mientras que el otro, lo conservó por la experiencia que tenía.
Según la defensora Pública que estuvo en el juicio oral, el buen trabajo de su colega anterior, hizo que se pudieran recolectar las pruebas de descargo, porque el fiscal Rienzi se negó a hacerlas. Incluso, el agente pidió el sobreseimiento provisional, y acusó al poco tiempo donde pidió juicio oral, lo que fue admitido por el juez.
La historia es real, y no se puede creer cómo es que el caso llegó a juicio, cuando había pruebas tan evidentes de la inocencia.
La cuestión está en que, evidentemente, las imputaciones se presentan sin el menor rigor, debido a la ya repetida frase de que la ”imputación no causa agravio”.
Además, también falló el control del juez de Garantías, que ya hubiera anulado en la preliminar el reconocimiento de persona, además de controlar mejor toda la prueba presentada.
El repetido argumento de que el juez de Garantías no puede valorar pruebas ya que eso es propio de un juicio oral, hace que casi nunca revisen las pruebas.
Es que si se hubieran cotejado, como dije, habrían anulado el acta de reconocimiento de persona, que es una cuestión formal, y no sería valorar las pruebas. Con eso, no sé si ya podrían sobreseerlos, pero por lo menos, la prueba no iba a estar en el juicio oral.
Cuando los fiscales y jueces empiecen a pagar las indemnizaciones a las víctimas por sus malas imputaciones, creo que empezarán a investigar mejor y a no abrir causas sin sentido. Es que no pueden quedar impunes estas actuaciones. Eso hace que se repitan.
