La acción fue promovida por las empresas Kansol S.A. y Roswell Company S.A. que rechaza la ley que expropia parte de sus tierras a favor del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) que a su vez entregará la propiedad a la comunidad Sawhoyamaxa.
Esta acción impedía que corriera el pedido de inscripción preventiva de las tierras a nombre de la comunidad mientras dure el proceso de expropiación y transferencia de la propiedad, explicó a ULTIMAHORA.COM el jefe del departamento de gestión administrativa y judicial del Indi, Ricardo Ortega.
A partir de ahora el trámite depende de la coordinación interinstitucional que trabaja en el cumplimiento de la sentencia de la Corte. El equipo encabezado por la Contraloría debe presentar el pedido ante un juzgado civil de primera instancia que deberá remitir el documento a Registros Públicos.
Con esta inscripción se garantiza que la comunidad será dueña legítima de las tierras y se evitará que el propietario, el alemán Heribert Roedel, las venda mientras dure el proceso de expropiación.
Otro obstáculo podría surgir en caso de que Roedel recurra a un juicio de determinación de precios. El Indi sostiene que con el rechazo a la acción de inconstitucionalidad tampoco se hace lugar a una posible negociación de la indemnización, atendiendo a que las tierras ya fueron tasadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El presidente de la República, Horacio Cartes, promulgó el 11 de junio la ley por la que se restituye a la comunidad Sawhoyamaxa sus tierras después de 23 años de lucha. La normativa es un paso para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La comunidad Sawhoyamaxa, del pueblo Enxet, fueron expulsados de sus tierras hace 23 años y tuvieron que vivir a la orilla de la ruta que une Pozo Colorado con Concepción. Hace un año decidieron reocupar parte de sus tierras como forma de presión para que se cumpla con la sentencia internacional que obliga al Estado paraguayo a reponer sus tierras.
