Lo que buscaban con el recurso era que se quede sin efecto la resolución que enviaba a juicio oral la causa, pero pese a la acción presentada, el caso siguió y hoy el poderoso está condenado a 15 años de cárcel, mientras que su hijo, a 5 años.
Fue en julio del año pasado que los abogados Jorge Bogarín González y Bettina Legal Balmaceda plantearon la inconstitucionalidad contra el fallo del Tribunal de Apelación que rechazó su recurso contra la resolución del auto de apertura a juicio.
FUNDAMENTOS. Según el rechazo que salió el 11 de febrero, la Corte señala que la acción fue planteada el 29 de julio del 2021, pero que el poder otorgado a los abogados lo acercaron recién a finales de setiembre de ese año.
A raíz de esto, aseguran que se incumplió la acreditación de la personería de los defensores. “En estas circunstancias, la acción no puede tenerse por promovida por las personas que los abogados han invocado como sus representados, lo que amerita su rechazo liminar”, dice la resolución de la Corte.
EL CASO. Ya en diciembre del año pasado salió la sentencia contra Ramón González Daher y su hijo por los hechos de lavado, denuncia falsa y usura, dictadas por las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo.
En la sentencia definitiva, que consta de 200 páginas, se mencionan las causas en donde se cometió denuncia falsa y cuyos antecedentes se remitieron al Ministerio Público para una nueva investigación contra jueces y fiscales que actuaron en esos casos.
EVIDENCIADOS. El caso que llevó a González Daher a juicio se armó a partir de las denuncias de los empresarios Juan Planás y Julio Mendoza Yampey, quienes fueron víctimas de usura y lavado de dinero por parte de Ramón.
Según los antecedentes, habían recurrido a RGD para hacer préstamos en urgencias, pero este se aprovechó y subió los intereses de las deudas por un monto muy superior a lo que establece el Banco Central del Paraguay.
Ya una vez que la suma de las deudas era muy alta y no podían pagar más, el potentado los denunciaba y comenzaba con los aprietes.
EI Tribunal afirmó que el ahora condenado actuó con la finalidad de provocar un proceso penal contra los denunciados, ya que el fin que tenía era cobrar las sumas de dinero.