La resolución afecta a Juan José de Jesús Scapolatempo y Víctor Enrique Barrios, quienes fueron hallados culpables de homicidio doloso agravado y homicidio doloso tentado, respectivamente.
En el caso, falleció a tiros el joven Juan Ignacio Ñumbay, de 18 años, integrante de la hinchada organizada la Barra de la O (LBO), de Fernando de la Mora.
El crimen ocurrió el 12 de junio del 2012, a las 15:30, en pleno feriado, en la casa de la víctima, en la Zona Sur de Fernando de la Mora.
En juicio oral realizado el 10 de mayo del 2016 los jueces Óscar Rodríguez Masi, Rubén Morínigo y Nunila González los hallaron culpables de los hechos investigados.
Se probó que los acusados llegaron en un vehículo hasta la vivienda estaban varios hinchas de la Barra de la O, en Fernando de la Mora.
Los acusados bajaron del rodado y tras gritar "¡aguante Comando!” comenzaron a disparar contra ellos. Ñumbay recibió un balazo que le ocasionó la muerte. Los demás corrieron y se salvaron.
La fiscala del caso, Casse Evelin Giménez, en el juicio oral, había pedido penas de 25 años de cárcel, más 5 años de medidas de seguridad para Scapolatempo, y de 20 años de prisión para Barrios.
Por su parte, el abogado Leonardo Garófalo, en defensa de Scapolatempo, había requerido la pena mínima de 5 años de encierro.
Las defensoras públicas Rocío Jara y Liz Paola Mongelós, por Barrios, solicitaron la absolución de culpa y pena, por duda, conforme dijeron.
La resolución dictada en el juicio oral fue apelada por las defensas, pero el Tribunal de Apelación en lo Penal de Central, ratificó las condenas 1 de agosto del 2017.
La defensora Pública Liz Paola Mongelós planteó recurso extraordinario de casación en contra lo resuelto por los camaristas. Solicitó la nulidad del fallo dictado en Apelación.
LA CORTE. Sin embargo, por fallo de los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, declararon inadmisible el recurso planteado.
Dijeron que el acusado fue notificado el 20 de octubre del 2017, y la casación se planteó el 20 de noviembre del 2017, por lo que ya se encontraba fuera de plazo.
Pese a que el recurso fue planteado en forma extemporánea, la Corte tardó 3 años y dos meses, para resolver la cuestión.
