La propuesta fue presentada por la ministra Carolina Llanes en la sesión plenaria del pasado miércoles. Fue remitida a los gabinetes de todos los ministros para ser estudiada este miércoles.
El proyecto de acordada señala que en vez de imputar en casos insignificantes o de flagrancia, contemple la aplicación de las salidas alternativas como el criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento, el procedimiento abreviado o las conciliaciones.
Estos pedidos deben ser para aquellos delitos que contemplen un reproche reducido, una insignificancia por el monto, una baja expectativa de pena, y hechos punibles perpetrados sin violencia física o peligro para la vida o integridad personal.
Citan como ejemplos la violación del deber legal alimentario, la tenencia de drogas sin autorización para consumo o la exposición al peligro en el tránsito terrestre, o delitos menores contra el ambiente saludable o las estafas de poca monta.
Es que ya hubo imputaciones por hurto de champús, desodorantes, carne o frutas por ejemplo, donde pese a la flagrancia, la Fiscalía imputa, pide prisión preventiva y seis meses para investigar el caso.
DESCOMPRIMIR. Estas salidas harán que se descomprima todo el sistema penal, según la pretensión de la Corte, ya que los casos concluirán más rápidamente.
La acordada tiene una estadística de todos los casos ingresados al Poder Judicial a nivel país desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022.
La propuesta de la ministra dispone la implementación del programa de procesos simplificados para estimular la aplicación de las salidas alternativas a las causas sin presentar las imputaciones.
Además, tiene un documento anexo que establece los criterios de actuación a ser adoptados, que podrán ser enriquecidos por la experiencia en los juzgados.
Asimismo, se ordena que la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones cree campos requeridos para habilitar la petición en los requerimientos fiscales.
Insta a los jueces penales a tratar de conciliar a las partes en la etapa inicial del proceso. También establecer una mesa de diálogo interinstitucional con el Ministerio Público para implementar el programa.
Establece también acciones concretas para identificar los delitos factibles para la aplicación, insignificantes o de reproche reducido.
También quiere elaborar una estrategia de intervención con la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer, de la Niñez, Secretaría de Acción Social, entre otros. Al final, exhorta a los jueces a que no apliquen el trámite de oposición en donde se pidan estas salidas en el primer requerimiento, siempre que sea pertinente.