“Subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisionales e implica un incremento en la situación de riesgo”, indicó la Corte IDH en una resolución publicada este martes.
El texto agrega que la CorteIDH “someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el desacato de Nicaragua a sus decisiones”.
La CorteIDH detalló que el Estado de Nicaragua ha expresado su no aceptación y rechazo a las medidas provisionales adoptadas en favor de 75 opositores al Gobierno presos, resoluciones que tienen fechas de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021, así como del 25 de mayo y 4 de octubre de 2022.
En esas resoluciones, la CorteIDH ha ordenado la liberación inmediata de los opositores encarcelados, entre quienes destacan excandidatos presidenciales, periodistas, líderes sociales, empresarios, estudiantes, entre otros.
Entre los beneficiarios de las medidas se encuentran Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, Violeta Mercedes Granera Padilla, Daisy Tamara Dávila Rivas, Lesther Lenin Alemán Alfaro, Freddy Alberto Navas López y Cristiana María Chamorro Barrios.
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“Esta Corte concluye que la manifestación de no aceptación y rechazo del Estado a las medidas provisionales adoptadas por esta Corte, la prolongación de la detención de los beneficiarios de las medidas provisionales, mantiene a las personas en un estado de desprotección absoluta”, señala la CorteIDH.
Además, la CorteIDH determinó que “la detención de los beneficiarios de las medidas provisionales, así como los procesos penales seguidos en contra de todos ellos, evidencian un proceso de hostigamiento y criminalización de las personas que se identifican en oposición al actual gobierno de Nicaragua” del mandatario Daniel Ortega.
La resolución indica que el desacato del Estado y las malas condiciones de detención de los presos supone “un riesgo grave de padecer daños irreparables a sus derechos a la vida, integridad, salud y alimentación”.
La resolución confirma que las autoridades de Nicaragua no han facilitado contacto periódico de los presos con familiares y abogados y no se les ha garantizado el acceso a servicios de salud y medicamentos, ni a una alimentación adecuada.
La CorteIDH reveló que Nicaragua ha remitido 19 comunicaciones en las que ha manifestado su rechazo a las medidas provisionales “por considerar que las mismas siguen un guion impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica” e “incluyen una narrativa parcializada”.
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Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
