El procurador general de la República, Roberto Moreno, se reunió este martes con el plenario de la Corte Suprema de Justicia a fin de explicar la posición paraguaya referente a la demanda contra el Estado por la deuda contraída por Gustavo Gramont Berres.
“Fue una reunión muy importante y cordial. Hay temas que atañen a determinados poderes del Estado, pero hay cuestiones que son de Estado. La demanda contra el Estado paraguayo es una cuestión de Estado y va mucho más allá de este Gobierno”, afirmó.
Valoró la apertura de los ministros del máximo organismo judicial al comprometerse con esta causa y de esa forma defender en forma conjunta los intereses del país, informó el periodista de ÚH, Raúl Ramírez.
La Corte entregó copias autenticadas de la sentencia que dictaron los tribunales paraguayos en este caso. Moreno recordó que Gramont Berres recibió una condena en Paraguay.
“También hay una sentencia del Tribunal de Cuenta, Segunda Sala, donde declara que todas las garantías utilizadas para pedir los préstamos eran falsas y se dictaron en contra de la ley de Paraguay”, indicó.
El funcionario del Poder Ejecutivo considera que los documentos son pruebas importantes que serán tenidas en cuenta en los Estados Unidos.
Refirió que la importancia radica en que todo el caso surge de una garantía falsificada por Gramont Berres diciendo que el Estado paraguayo garantizaba los préstamos de sus empresas particulares.
ORGULLO Y DIGNIDAD. Moreno afirmó que pondrán todo en la cancha para defender los intereses del país. No obstante, reconoce que será difícil por ser una Justicia extranjera.
Califica la defensa como una “cuestión de orgullo y dignidad de nuestro país” porque fue injustamente tratado durante todo este proceso.
Los titulares del Ejecutivo, del Congreso y del Poder Judicial ratificaron que la citada deuda es espuria y conformarán un equipo para responder a la demanda internacional planteada en EEUU.
Cartes convocó a una cumbre de poderes para analizar una acción en conjunto contra la demanda planeada en estrados judiciales de Estados Unidos por la empresa italiana Seziones Speciale per L´assicuraziones del Credito All´esportaziones (Sace) para el pago de unos USD 80 millones.
El procurador Roberto Moreno subrayó que el reclamo de Sace es complemente “inmoral”. “Está reclamando una deuda que en la misma Italia están diciendo que no corresponde pagar porque es una estafa”.
EL CASO. Se trata una demanda internacional perpetrada contra el Estado paraguayo, que el país perdió. El responsable fue el cónsul del Paraguay en Ginebra y luego “embajador interinamente” del Gobierno de Alfredo Stroessner, Gustavo Gramont Berres.
Este había obtenido préstamos internacionales de diez bancos suizos por valor de USD 85 millones, falsificando documentos y convirtiendo al Estado en garante, a espaldas del Gobierno, mediante la complicidad de funcionarios y la adulteración de papeles.
Supuestamente era para instalar una planta procesadora de cítricos en la Colmena y una planta de productos farmacéuticos.
