La magistrada Librada Peralta fue imputada porque supuestamente usó un certificado de especialización falso para sumar puntos ante el Consejo de la Magistratura (CM).
Los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, recibieron el expediente de la procesada juzgadora porque el camarista Paublino Escobar se opuso a que su colega José Waldir Servín se apartara de la causa.
El magistrado Servín se inhibió por carcanía y amistad con la jueza imputada. Sin embargo, Escobar argumentó que no se cumplen los requisitos para que el mismo se aparte del caso.
Al estudiar el pedido, dicen los ministros de la Sala Penal que deben ser los propios miembros de la Tribunal de Apelación Penal los que deben estudiar la cuestión.
“En la presente causa, se ha inhibido un sólo miembro del órgano de alzada, ya de las constancias obrantes en autos no existe constancia de que los demás miembros restantes no puedan constituir mayoría”, refieren.
Añaden que, “por tanto, se cumple la normativa antes plasmada; siendo así evidente que esta Sala Penal no puede entender en la presente impugnación de inhibición”, sostuvo el ministro Ramírez Candia.
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Los otros dos ministros también lo entendieron de esa manera, por lo que decidieron que sean los otros dos camaristas los que debían resolver la impugnación.
Cuestiones pendientes
El Tribunal de Apelación Penal debe resolver un recurso subsidiario que fue presentado por la defensa de la jueza en contra de la resolución que admitió la imputación por parte del juez de Garantías, Francisco Acevedo.
Había presentado apelado la decisión del juez de admitir la causa, pero esto fue rechazado por el juzgador.
A la fecha, sigue sin poder realizarse la audiencia de imposición de medidas cautelares con relación a la magistrada.
La imputación fue presentada por el fiscal Leonardi Guerrero, quien sostuvo que los mismos presentaron certificados de cursos supuestamente falsos ante el Consejo de la Magistratura en concursos para cargos judiciales.
En la causa también están procesados Mario Brítez Ruiz Díaz, un ex magistrado; Shirley Paola Irala, ex actuaria de Curuguaty y Adan Fredy Rolón Villareal, asistente fiscal de la ciudad de Coronel Oviedo.
Además, están procesados Rafael Prieto Quintana, funcionario de archivo del CM y como instigador Tomás Rodrigo Ávalos, de la Escuela Judicial.
El asistente fiscal también tiene recursos pendientes en la causa.
