El magistrado Alexandre de Moraes negó una petición de la Fiscalía General, que solicitó enterrar el caso pese a la opinión de la Policía Federal, que apuntó que el mandatario incurrió en un delito al divulgar documentos bajo sigilo judicial.
La investigación se abrió en agosto de 2021 después de que Bolsonaro divulgó en sus redes sociales informes reservados referentes a un ataque informático, sin consecuencias, a los sistemas de la Justicia Electoral ocurrido en 2018, meses antes de que Bolsonaro ganara los comicios de ese año. El gobernante compartió esos documentos dentro de su agresiva campaña para deslegitimar el sistema electrónico de votación, que funciona en Brasil desde 1996 y acostumbra a ser elogiado por observadores internacionales, aunque Bolsonaro lo considera, sin prueba alguna, una fuente de “fraudes”.
La Policía concluyó entonces que la divulgación de esos informes tuvo como propósito la difusión de información reconocidamente falsa, con repercusión dañina para la administración pública.
Sin embargo, dejó en manos de la Fiscalía General presentar formalmente cargos contra el capitán de la reserva del Ejército, que en octubre aspira a renovar su mandato por otros cuatro años. El Ministerio Público no vio indicios de delitos y pidió archivar la causa, lo que ayer fue rechazado por De Moraes, a quien Bolsonaro acusa de actuar en favor del ex presidente Lula da Silva. EFE