Otra forma en que se manifestó la desigualdad es la estructura laboral. Los trabajadores que se mantuvieron activos durante el periodo de distanciamiento –los llamados “esenciales”– y los que tenían que salir a trabajar al flexibilizarse las medidas de distanciamiento son los que se encuentran en la base de la pirámide laboral, pero, a la vez, son los de menores remuneraciones.
Llovieron en la prensa las denuncias de incumplimiento de protocolos de salud en las empresas y, aun siendo los de menores ingresos, debían destinar parte de su salario al pago de pasajes e implementos de cuidado extras y a precios por encima de los normales. La sindicalización, una estrategia clave para reducir las asimetrías de poder en el ámbito laboral, ha sido históricamente censurada hasta por las entidades públicas que debieran protegerla.
Así, los riesgos sanitarios son asumidos por una clase trabajadora con bajas remuneraciones y sin protección de ningún tipo, mientras otra parte mayoritaria trata de sobrevivir gracias a la solidaridad, ya que no cuenta con ahorros para subsistir.
Esta misma estructura económica es la que está haciendo tambalear a las mipymes. Por el lado de la oferta, son organizaciones vulnerables, con bajos niveles de productividad, endeudadas, sin capacidad para contar con un colchón ni políticas públicas que mitiguen los efectos de la crisis. Por el lado de la demanda, sus clientes tienen bajos niveles de ingresos y también son altamente vulnerables a cualquier shock, por lo que fácilmente reducen su consumo generando una caída en las ventas.
La desigualdad económica tiene impacto directo en la calidad de la vivienda, lo que será de vital relevancia cuando se expanda la epidemia. Mientras que una parte mínima de la población cuenta con una vivienda que puede tener un baño y una habitación exclusiva para aislar a un integrante de la familia contagiado, y condiciones adecuadas de agua y saneamiento, la mitad de la población vive en hogares cuyas condiciones no son aptas ni siquiera para tiempos sin epidemia. Solo en el Departamento Central existen más de 400 asentamientos precarios en condiciones de absoluto riesgo frente a la epidemia.
Si la violencia de género ya era un problema, el aumento de las denuncias en estas últimas semanas revela los altos niveles de vulnerabilidad de las mujeres, niños y niñas que se acentúan en estas circunstancias.
Las desigualdades en Paraguay son extremas y persistentes. No solo obstaculizan cualquier posibilidad de convivencia armónica, sino también la sostenibilidad del crecimiento económico. Sin cohesión social y una economía inclusiva a largo plazo es imposible aspirar al desarrollo y menos aún enfrentar un desastre sanitario como el que se avecina.
Ojalá podamos superar el virus con el menor costo posible en vidas y replantear nuestro contrato social teniendo como principal objetivo del nuevo la reducción de las desigualdades.
