La iniciativa establece que los funcionarios trasladados conservarán todos sus derechos laborales, entre ellos la antigüedad, los aportes jubilatorios, las remuneraciones y demás beneficios adquiridos. Asimismo, dispone que las instituciones receptoras deberán prever las partidas presupuestarias necesarias para concretar los traslados, fijando como plazo máximo para el proceso el 14 de agosto de 2028.
Durante la audiencia expuso la directora jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, quien aseguró que los trabajadores no perderán ninguno de sus aportes previsionales si son trasladados a otras instituciones del Estado.
Explicó que la Ley 3856/2009 permite acumular los años de aportes realizados en las diferentes cajas del sistema previsional paraguayo.
En ese sentido, indicó que quienes pasen a desempeñarse en organismos que aportan a la Caja Fiscal comenzarán a cotizar en ese régimen, mientras que los aportes ya efectuados al IPS permanecerán íntegramente registrados.
Al momento de acceder a la jubilación, cada caja abonará la parte proporcional que le corresponda conforme al tiempo aportado por el trabajador.
Cubas aclaró además que el IPS no contempla la devolución de aportes, debido a que su sistema de financiamiento es de capitalización colectiva con fondo de reserva y beneficios definidos, razón por la cual la acumulación de aportes entre cajas constituye la solución prevista por la legislación vigente.
El proyectista, el diputado José Rodríguez, explicó que actualmente más de 2.500 funcionarios de Copaco viven una situación de incertidumbre debido a la crisis financiera de la empresa.
“Hoy tenemos aproximadamente más de 2.500 funcionarios que están en la incertidumbre total. Inclusive los salarios se pagan de forma irregular, con atrasos de hasta tres meses”, afirmó.
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Recordó que inicialmente impulsó un proyecto de reestructuración integral de Copaco, pero debido a la complejidad legislativa optó por presentar una propuesta que permita el traslado de trabajadores a otras instituciones públicas.
Rodríguez señaló que el mecanismo estará bajo la coordinación del Ministerio de Economía, a través del Viceministerio de Capital Humano, que evaluará caso por caso las solicitudes conforme a las necesidades de cada organismo.
El legislador sostuvo que el Estado continúa requiriendo recursos humanos y que, en lugar de realizar nuevos nombramientos o contrataciones, puede aprovechar funcionarios ya capacitados.
También indicó que la Procuraduría General de la República emitió un dictamen favorable concluyendo que los trabajadores de Copaco tienen carácter de funcionarios públicos y pueden ser trasladados legalmente a otras instituciones.
Respecto al régimen jubilatorio, señaló que existen mecanismos legales para compatibilizar los aportes entre distintas cajas previsionales.
Como primera etapa, propuso que el beneficio alcance a los trabajadores que actualmente ya se encuentran comisionados en otras instituciones.
“Hay aproximadamente entre 80 y 100 funcionarios que ya están prestando servicios en entidades como el Banco Nacional de Fomento o la ANDE y que podrían ser trasladados de manera definitiva”, expresó.
Funcionarios defienden la iniciativa
En representación de los trabajadores de Copaco intervino el ingeniero Alejandro Recalde, quien sostuvo que el proyecto constituye una medida excepcional destinada a proteger los derechos laborales y evitar un mayor impacto social. Explicó que, aunque Copaco sea una sociedad anónima, posee capital íntegramente estatal y es la continuadora de la antigua Antelco, por lo que sus funcionarios forman parte del sector público.
Asimismo, recordó que muchos trabajadores adquirieron el estatus de funcionarios públicos antes de la transformación de la empresa y que dichos derechos están protegidos por el principio constitucional de irretroactividad.
Recalde afirmó que el eventual obstáculo presupuestario puede ser resuelto por el propio Congreso mediante una ley especial que autorice la transferencia de recursos y cargos necesarios para concretar los traslados.
También invocó los artículos 86 y 89 de la Constitución Nacional, que garantizan el derecho al trabajo y la protección estatal al trabajador.
“No pedimos un traslado masivo e indiscriminado. El mecanismo puede aplicarse de manera selectiva, considerando únicamente a los trabajadores cuyos perfiles sean compatibles con las necesidades reales de las instituciones públicas”, sostuvo.
Añadió que la medida permitiría preservar recursos humanos capacitados y, al mismo tiempo, reducir progresivamente la carga financiera que soporta Copaco.
El representante de los funcionarios recordó además que la Procuraduría General de la República, mediante el Dictamen Nº 91/2026, concluyó que la propuesta resulta jurídicamente viable como una medida excepcional de interés público.
La Cámara de Diputados llevará a cabo hoy desde las 14:00 su sesión extraordinaria. En el orden del día se encuentra la iniciativa que contempla la transferencia “excepcional de funcionarios de la estatal telefónica Copaco a otros entes del Estado”.
