Las organizaciones acusaron “a los que sueñan con la vuelta de la dictadura en el Paraguay”, luego de que sectores de la producción presentaran propuestas de pérdidas de investiduras de parlamentarios como Pedro Santa Cruz, Hugo Richer y Sixto Pereira, quienes “en cumplimiento de su deber constitucional elevan su voz a favor de los derechos del pueblo”.
Estos legisladores forman parte de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, y fueron acusados de supuestamente instigar a invadir tierras. La CNI y la ACIP afirmaron además en el pronunciamiento que se declaran en estado de movilización y alerta máxima en todas las bases de las organizaciones campesinas, indígenas y populares, “por la defensa de la democracia y la Constitución Nacional”.
Igualmente, las organizaciones rechazan categóricamente las calificaciones, amenazas y agresiones “de sectores de la oligarquía heredera de la dictadura stronista, quienes usurpan importantes recursos del Estado paraguayo, como grandes extensiones de tierra malhabida”, señalando que estas propiedades están bien identificadas y para que se haga justicia tienen que ser devueltas al Estado. Además, exigen que los propietarios reciban “el justo castigo”, y los corruptos deben terminar en la cárcel.
Recordemos que, en el marco de la movilización nacional campesina, indígena y popular realizada desde el 12 al 15 de octubre en Asunción y departamentos del país, las organizaciones reclamaron la atención del Gobierno. Luego se concretó un diálogo y se firmaron acuerdos, “con representantes de los tres poderes del Estado que puede permitir el fortalecimiento del proceso democrático y el cumplimiento de postulados establecidos en la Constitución Nacional”.
En este sentido, la CNI y la ACIP exigen el cumplimiento de los acuerdos concretados entre las organizaciones campesinas, indígenas y populares con el Gobierno, “firmado en el Parlamento Nacional el día 15 de octubre del 2020”.
