La Cooperativa de los Funcionarios Diplomáticos Escalafonados del Paraguay Limitada (Cofudep) atraviesa una profunda crisis tras el hallazgo de graves irregularidades financieras que comprometen el patrimonio de la institución.
Durante una asamblea general extraordinaria realizada en marzo de 2026, el Consejo de Administración y la Auditoría Especial de la Cofudep divulgaron un esquema de defraudación interna que operó durante varios años a través de la manipulación de sistemas informáticos y la falsificación de documentos.
El documento en cuestión informa que el caso fue remitido a los medios de comunicación.
El informe detalla que la situación se detectó el 5 de enero de 2026, cuando un socio denunció la existencia de una deuda no generada en su tarjeta de crédito al verificar su estado de cuenta en la aplicación móvil de la entidad.
Siempre según el documento, unas investigaciones posteriores revelaron que un ex funcionario manipuló el sistema informático Procard para crear cuentas ilegítimas, interceptar plásticos y realizar consumos personales.
El informe forense identificó diversos patrones de fraude, incluyendo el “jineteo” de saldos (compensar deudas con débitos no autorizados de otros socios), la apropiación de depósitos en efectivo mediante simulaciones de sistema y la falsificación de firmas en legajos de préstamos para desviar fondos. Se identificó a una segunda implicada, quien confesó haber extraído excedentes de las cuentas de socios para beneficio personal, informa el documento de la cooperativa.
Impacto económico y medidas legales
El perjuicio patrimonial estimado de forma preliminar asciende a G. 800.151.812. De este monto, uno sería responsable de aproximadamente G. 739 millones, mientras que la mujer sumaría unos G. 60 millones adicionales, según el informe.
La cooperativa adoptó una serie de medidas legales y administrativas. En primer lugar, promovió una denuncia penal por estafa mediante sistema informático ante la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos. Asimismo, impulsó acciones ejecutivas con el objetivo de hacer efectivos pagarés y solicitar embargos preventivos sobre inmuebles ubicados en Villa Elisa y Atyrá, vinculados a los implicados.
En el ámbito interno, se instruyeron sumarios administrativos a cinco funcionarios, lo que derivó en sanciones que incluyeron suspensiones y apercibimientos por negligencia en los controles de vigilancia jerárquica.
La Junta de Vigilancia ha mantenido una postura crítica frente al Consejo de Administración, cuestionando la “opacidad” en la gestión y rechazando intentos previos de deslindar responsabilidades de la Gerencia General sin concluir la auditoría externa. Asimismo, la auditoría reveló debilidades estructurales alarmantes, como la concentración de tareas críticas en un solo empleado sin supervisión y la falta de manuales de funciones actualizados desde hace seis años.
El Consejo de Administración aseguró a la masa societaria que no se trasladarán las responsabilidades económicas a los socios y que se están implementando recomendaciones correctivas para fortalecer la seguridad informática y la custodia de valores. La institución se ha presentado como querellante adhesiva en la causa penal para garantizar el resarcimiento total del daño.
