La estrategia para evitar que avance el proyecto de ley de derogación aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de cancelar el Convenio, es una adenda en la que, según Cancillería, se hallan trabajando técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
Hoy se cumple un mes de la ratificación por Diputados de dicho proyecto de ley, con 70 votos a favor, seis en contra y una abstención, “Que deroga la vigencia de la Ley N° 6659/20, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay, para el Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo del Paraguay y sus anexos”.
Sin embargo, no se conoce aún el contenido de la adenda. Cancillería no informó aún si ya está listo el texto para ser presentado a la Delegación de la Unión Europea en Asunción, para buscar un entendimiento que evite al Paraguay perder la financiación señalada, destinada en gran medida a la entrega de kits y meriendas escolares.
El conflicto sobre el referido convenio se originó durante la campaña electoral para cambio de gobierno. Sectores identificados con el movimiento Honor Colorado, de Horacio Cartes, que promovió la candidatura de Santiago Peña, electo presidente en abril pasado, instalaron la versión de que la Unión Europea pretende instalar en el sistema educativo paraguayo la ideología de género.
La UE aclaró reiteradas veces que no decide el contenido de la malla curricular del sistema público educativo paraguayo. Esta responsabilidad recae en las autoridades nacionales.
Desde hace más de una década la UE apoya a Paraguay para mejorar su sistema educativo, enfocándose en el acceso y la calidad de la educación. Este apoyo se basa en prioridades definidas por el propio país, atendiendo las urgencias y los desafíos en el área educativa, había precisado la Delegación de la UE en Paraguay, ya en diciembre de 2022, cuando en primera vuelta Diputados aprobó el proyecto de ley para derogar la ley que aprueba el Convenio.
La organización que agrupa a 27 países europeos destina 85 millones de euros al sector educativo paraguayo, de los cuales 47 millones ya se ejecutaron. El programa correspondiente al mencionado Convenio tiene un presupuesto de 38 millones de euros. Son fondos no reembolsables y no condicionados.
El convenio se había firmado en 2020 y es anterior al proyecto de ley de transformación educativa, que se financia con el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y no con fondos de la UE.
Pese a todas estas precisiones y aclaraciones, los diputados se empeñaron en ratificarse en la intención de cortar el convenio.
El proyecto debe pasar al Senado, donde un grupo de senadores convocaron al canciller y decidieron salvar la situación vía adenda.
En este anexo se plantearían modificaciones relacionadas con la palabra género y, según el canciller, también cambiar a los responsables de administrar los recursos. La última palabra sobre estos cambios la tendrá la Unión Europea.
