EFE.
“La domiciliaria a Etchecolatz expone como pocas veces antes por qué decimos que ese beneficio a los criminales de lesa humanidad es un régimen de impunidad”, afirmó hoy Myriam Bregman, quien fue abogada en uno de los juicios donde fue condenado Etchecolatz y es actual referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Para la política, los policías y prefectos que rodean al exrepresor, que ha sido condenado en seis juicios, cuatro veces a prisión perpetua, demuestran que el Gobierno y la Justicia pusieron el “aparato represivo” y de inteligencia “para custodiar al genocida, no para vigilarlo”.
“Es bochornoso: la custodia que le pusieron es para cuidarlo. Se evidencia la escandalosa impunidad que significan las prisiones domiciliarias para genocidas”, añadió Bregman.
Este fin de semana se divulgaron por medios locales unas imágenes en las que se ve a Etchecolatz, de 88 años, entrando a un vehículo, que no tenía identificación,sin custodia uniformada y sin esposas.
Esta situación se da menos de un mes después de que un tribunal dispusiera que el ex policía, que aún cuenta con varios procesos abiertos por crímenes cometidos en el último régimen de facto (1976-1983), fuera trasladado a un domicilio particular en la ciudad bonaerense de Mar del Plata para seguir cumpliendo su pena.
Etchecolatz estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978, un tiempo en el que, años más tarde y durante un juicio oral, el ex comisario admitió haber asesinado a perseguidos políticos, aunque dijo no recordar “a cuántos”.
Su fotografía saliendo de su vivienda se conoció poco después de que el jefe de la bancada de diputados de Propuesta Republicana (PRO), partido del presidente Mauricio Macri, opinara en una entrevista con el diario Clarín que sería necesario que Argentina lograra una “reconciliación” entre víctimas y victimarios de la violencia política de la década de 1970.
“Creo que con los años 70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación. (...) El desafío es superar ese capítulo con mayúscula, que implica no sólo memoria, justicia y verdad. Es también perdón”, dijo el diputado Nicolás Massot, que es sobrino de Vicente Massot, acusado en 2014 de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
Estas afirmaciones generaron también un gran abanico de reacciones en contra.
“Reconciliación es una palabra que nosotros rechazamos de plano. El tema es individual cuando uno quiere perdonar, no colectivo. (...) No queremos abrazarnos con el que asesinó, no hay odio, rencor ni revancha pero sí verdad y justicia”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a Radio del Plata.
Los organismos de derechos humanos estiman que durante el régimen de facto desaparecieron para siempre, tras ser torturados, unos 30.000 opositores, y hasta 500 bebés fueron robados a sus padres biológicos -secuestrados por la dictadura- y entregados a familias ajenas.
