Actualmente, la Fiscalía, a cargo de la agente Luz Guerrero, está investigando la operación bajo la sospecha de lesión de confianza y falsificación de documentos.
Además, todo el proceso está siendo cuestionado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Las autoridades de la FAP así como los representantes de la empresa mencionada rechazaron las críticas y sostuvieron que la misma trabaja en regla.
Pese a ello, las dudas, algunas de ellas expresadas por los demás oferentes en la licitación, sobre las condiciones de la referida firma se mantienen.
Fundamentalmente, el principal reparo expresado es que Aeropartes no cuenta con personal técnico autorizado para trabajar en el mantenimiento de helicópteros, que es la naturaleza del acuerdo con el Estado. Es más, los detractores sostienen que la empresa tiene el mínimo de personal y solo de carácter administrativo, no técnico.
La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) había anunciado semanas atrás que la empresa adjudicada solamente está autorizada para operar con una firma proveedora de repuestos y no como una que trabaja para la reparación y mantenimiento de material tan sensible como es el área para uso castrense.
El Ministerio Público está estudiando si el contrato no está viciado ante la posible presentación de documentos falsos para la obtención del multimillonario contrato. También se está viendo la eventual comisión de un hecho de corrupción con daño al erario.
Otra de las irregularidades dentro de este contrato que fueron denunciadas en distintos ámbitos es que Aeropartes no cumplió con los plazos contractuales que fenecieron en marzo último.
Sin hacer lugar a los numerosos cuestionamientos el contrato sigue operativo.
Marito. La situación también salpica al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Uno de los responsable del comité de la FAP que estudió y adjudicó el contrato es el teniente coronel Derlis Rotela, el cual es cercano al mandatario, ya que fue su piloto.
La FAP, pese a todo, sigue defendiendo su trabajo.