Al respecto, el concejal Pablo Callizo (PQ) señaló que las explicaciones no convencieron y que faltaban ciertas informaciones que no encontró ni en el portal ni en el expediente.
“Creo que la empresa concesionaria debería aportar un poco más al estudio y que no sea la Municipalidad, otra vez, la que termine realizando todos los gastos en consultoría, incluso en zonas que le corresponden a la concesionaria”, expresó.
Indicó que la postura de la bancada de Patria Querida es no oponerse, pero también con las dudas correspondientes optan por abstención.
Por su parte, el edil Humberto Blasco (PLRA) manifestó que se recurre al contrato y no al trabajo interno por la escasa cantidad de técnicos habilitados y competentes para hacer esta labor. “Y en segundo lugar, cosa que yo critico, porque los profesionales ambientalistas, los ingenieros ambientales que pueden ofrecer el servicio de consultoría, están en una lista cerrada del Ministerio del Medioambiente”, añadió.
Explicó que consultaron con la Dirección de Gestión Ambiental del Municipio si la concesionaria del servicio de recolección y disposición final de basura no era la encargada de correr con estos costos y la respuesta fue que la empresa se ocupa de la gestión de esta licencia para el área que fue delimitada y concesionada.
“Es decir, todo el vertedero, todos los módulos que conforman el vertedero, no fueron concesionados a la empresa que presta el servicio, sino un área que está delimitada catastralmente en el mapa, para la cual sí le corresponde a la concesionaria hacer esta gestión. Solamente de su área, de su porción, de su pedazo, del vertedero, se ocupa la concesionaria”, señaló Blasco.
Desde la Dirección informaron que la clausura del vertedero aún está en etapa incipiente, ya que buscan financiación.
