La Ley 6919/22, que entre otros puntos elimina la obligación a los accionistas y directivos de las proveedoras del Estado a presentar declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, fue promulgada recientemente y ya se encuentra vigente, comunicaron desde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Pablo Seitz, titular de la DNCP, indicó que la citada normativa, que deroga lo que establecía la Ley 6355/19, tendrá efectos positivos en materia de compras públicas, recordando que la legislación anterior no era considerada óptima. “La ley anterior (con referencia a la 6355/19) era muy negativa en cuanto a efectos”, manifestó.
Al respecto, señaló que a través de la imposición sobre la presentación de DDJJ de los accionistas y directivos de empresas no se producía información pertinente para el sistema de las compras públicas, ya que de hecho la documentación era presentada en instancia de la Contraloría General de la República (CGR).
“Ni siquiera estaba en una evaluación de ofertas y la información que se presentaba no era relevante para el proceso de contratación”, insistió. A su vez, el director de Contrataciones recordó que, a criterio de la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo dispuesto en la Ley 6355/19 fue considerado inconstitucional.
“Entonces, estábamos ante una normativa inconstitucional que no ha aportado nada de información útil al sistema de contrataciones públicas, que volvía mucho más burocrático el proceso de contratación, que disminuye la cantidad de oferentes… solamente tenía efectos negativos”, resaltó.
DATOS. No obstante, Seitz aclaró que los datos patrimoniales de las empresas proveedoras del Estado sí seguirán siendo relevantes para los procesos de contratación y que se trata de información que debe estar presente en los procedimientos. “Vamos a tener mayor facilidad y vamos a aprovechar de mejor manera todas las reformas que estamos haciendo”, dijo Seitz.
La Ley N° 6919 “Que modifica varios artículos de la Ley N° 5033/2013 ‘Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos” y deroga la Ley N° 6355/2019” fue promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado 18 de julio.
COMPRAS. Por otro lado, el Senado debe tratar próximamente el proyecto de ley de suministro y contrataciones públicas. Al respecto, el titular de la DNCP había indicado que la propuesta amplía de 3 a 5 años el tiempo máximo de sanción para proveedores que no cumplan con el Estado, y se incluye la sanción con multa.
“(El proyecto) tiene un sistema de sanciones mucho más completo, de inhabilitación de quienes no pueden participar de una licitación por razones de vinculación con funcionarios. También se establece un sistema de contagio de la sanción a empresas vinculadas por accionistas comunes o directores comunes”, detalló Seitz.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley con modificaciones, por lo que la propuesta debe ser estudiada de nuevo en el Senado. Viviana Casco, titular de la Secretaría Técnica de Planificación, indicó que pedirán la ratificación a la Cámara Alta.
28 artículos tiene la Ley 5033/2013, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de las DDJJ.
