Los tres poderes del Estado tienen competencia en este aspecto. El Parlamento debe revisar el marco jurídico y aprobar las leyes para cubrir los vacíos y mejorar las normas existentes que limiten cualquier posibilidad de corrupción o el abuso de poder.
Es urgente analizar los resultados de la legislación vigente en términos de las penalizaciones de manera a aumentar el costo de la deshonestidad en las adquisiciones públicas. No es suficiente devolver lo robado. También se debe resarcir el daño y pagar conductas ilícitas con la cárcel.
La impunidad tanto del funcionario público como de los empresarios contribuye a la persistencia y fortalecimiento de vínculos perversos entre estos para defraudar al Estado. Es necesario ponerle fin a esa situación. El rol del Poder Judicial es irreemplazable, por lo que se requieren jueces y fiscales idóneos e íntegros.
Con base en una evaluación de la situación actual, los tres poderes del Estado deben ponerse de acuerdo para aprobar proyectos de ley que pongan frenos a la corrupción e impidan la impunidad.
El Poder Ejecutivo, además de proveer insumos de calidad para que los otros dos poderes cumplan con sus obligaciones, debe evaluarse a sí mismo con el fin de detectar riesgos en el sistema nacional de contrataciones que facilitan conductas empresariales al margen de la ley o poco éticas.
Tenemos suficientes experiencias que nos demuestran la existencia de empresas de funcionarios y políticos o de hijos o padres que contratan con el Estado, violando principios básicos de competencia, con consecuencias en sobrecostos y en pérdida de eficiencia para el Estado.
La presencia de ministros que vienen del sector empresarial y que al término de su función retornan al sector privado, o al revés, tiene implicancias en el acceso a información privilegiada y al tráfico de influencias. La ausencia de reglas claras en este ámbito hace que estas acciones no sean penalizadas.
Los casos de los llamados que implican la participación de empresas internacionales también muestra debilidades. La debilidad del sector público en este ámbito incentiva la llegada de empresas de mala calidad, con procesos judiciales en el exterior por contratos incumplidos, sobornos a funcionarios públicos, evasión y elusión de impuestos.
El sistema de contrataciones públicas debe contar con instrumentos y mecanismos para eliminar a estas empresas del proceso competitivo. Los llamados a nivel internacional buscan mejorar la calidad de las obras y reducir costos; sin embargo, la atracción de empresas de dudosa ética y apego a la ley no contribuye a ninguno de esos objetivos.
El Poder Ejecutivo, como principal responsable de las contrataciones públicas, debe liderar un acuerdo con los otros dos poderes del Estado para realizar los cambios que sean necesarios y reducir los conflictos de intereses, el tráfico de influencia, la incidencia del parentesco o de la adscripción partidaria, el soborno o el abuso de poder en las contrataciones públicas.
