El senador Daniel Rojas López (PLRA) remitió a la Contraloría General de la República una nota a través de la cual solicita el control, supervisión y vigilancia del proceso licitatorio, por el cual, desde el Ministerio del Interior, se adjudicó la implementación de las cédulas electrónicas.
En su nota, el legislador por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) cita una serie de supuestas irregularidades que se dieron en el marco del proceso, como son el direccionamiento del pliego de bases y condiciones; la adjudicación sin un dictamen técnico de la Contraloría; el pago de anticipo sin un presupuesto garantizado; el uso de recursos del Fonacide y el incumplimiento de los plazos por parte del contratista.
Sin expedirse sobre las supuestas irregularidades que existieron desde el inicio del proceso, el Ministerio del Interior señala que todas las protestas y acciones judiciales presentadas por las firmas oferentes fueron rechazadas o desestimadas.
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En la misma línea, señalan que la recomendación de la Contraloría General de la República que sugiere cancelar el proceso por las supuestas irregularidades, fueron transmitidas a la Procuraduría General de la República y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
“La Procuraduría, por Dictamen PGR N.º 323/18 expresó: “resulta jurídicamente viable la ejecución del Contrato suscrito entre el Ministerio del Interior y el Consorcio CDE del Paraguay”. En ese mismo sentido, se expidió la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, mediante el Dictamen A.J. N.º 1470/17. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no ordenó suspensión alguna, conforme con sus atribuciones legales”, indica un documento remitido por Interior.
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Asimismo, aseguran que decisión de la renovación de todo el sistema documentos de identidad, tomada por un equipo técnico interinstitucional entre el Ministerio del Interior, la Secretaría Nacional de Tecnología y Comunicaciones (hoy Mitic) y el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional para elaborar los criterios técnicos para realizar el llamado.
Por otro lado, la institución asegura que “el incumplimiento de obligaciones contractuales válidas conllevaría graves consecuencias para las arcas del Estado”.
Denuncias de irregularidades
En diciembre del 2017, el Ministerio del Interior firmó el contrato con la empresa adjudicada en la licitación de la expedición de cédulas electrónicas, pese a un dictamen de la Contraloría General de la República que recomendaba cancelar el proceso por irregularidades.
En noviembre del mismo año, una denuncia publicada por Última Hora deja en evidencia que la licitación para la compra de un nuevo sistema de cédulas electrónicas registraba varias irregularidades. Empresas oferentes señalaban que el pliegue de bases y condiciones fue hecho a medida de una firma internacional.
Uno de los requerimientos obligatorios del pliego de bases y condiciones establecía que la empresa adjudicada sea fabricante del chip que utilizarán las tarjetas de identidad expedidas, lo que limitó a las demás empresas.
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Así también, el oferente debía comprobar de manera obligatoria que prestaría servicios de solución instantánea de documentos de identidad en América Latina, requisito que solo cumplía la empresa francesa que presta servicios en Uruguay y Perú.
El monto del contrato supera los USD 30 millones. El Ministerio del Interior adjudicó al Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay (CDE), integrado por la empresa internacional Gemalto y la paraguaya Solnet.